Los empresarios neoloneses se unieron para acceder que se deje de hablar del proyecto hidráulico Monterrey VI en este periodo electoral a solicitud de las autoridades encargadas del mismo, pero sólo bajo la condición de que se suspenda su construcción hasta que los responsables aclaren 15 puntos de inconsistencias que presenta el proyecto.
También pidieron que se analicen las repercusiones de la nueva Ley General de Aguas, que contempla, afirman, que el líquido pertenezca a la empresa Higa, la que tiene bajo su responsabilidad esta obra.
“Los 15 aspectos basados en la Ley de Asociaciones Público Privadas; la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Cambio Climático; así como con la Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable. Estamos haciendo una exigencia que se clarifique (…) este es un tema donde hay muchos cuestionamientos en el proceso legal, en el proceso de asignación a una compañía como es el caso de Higa que está en tantos casos de presunta corrupción a nivel federal, no es aceptable que no nos sentemos a por lo menos dialogar y estar convencidos, dijo Alberto Fernández, presidente de la Coparmex Nuevo León al periódico Milenio.
La nueva Ley General de Aguas está siendo cuestionada a nivel nacional porque implica privatizar este recurso natural y dejarlo en manos de compañías como Higa, esto tendrá graves implicaciones para los habitantes del país.
Además se cuestiona el uso del agua para perforar pozos de gas shale, lo que está generando en diversas partes del país y del mundo la contaminación de los mantos de agua dulce.
Si como lo plantean los empresarios de Nuevo León el agua que saquen del río Pánuco será propiedad de la empresa constructora, eso quiere decir que dentro de unos años podrá disponer la iniciativa privada de los recursos hídricos, no sólo del petróleo.
El proyecto hidráulico que ha sido apoyado por los gobiernos de Nuevo León, San Luis y Veracruz, no ha contado con el respaldo de la sociedad civil y por ello debe suspenderse para analizar las repercusiones después de la elección del nuevo gobernador o gobernadora del vecino estado.
Aunque mucho me temo que si gana el PRI, el proyecto seguirá adelante, ya que si obtiene el triunfo el PAN, su candidato Felipe de Jesús Cantú ha expresado que tendrá que revisarse a conciencia.
De seguir así el PRI vendrán otra vez a imponer un gravamen al número de ventanas que tenga nuestra casa como ya sucedió en el pasado en que hasta el aire y la luz natural querían cobrar los antecesores de los actuales priístas.
SER DISCRETOS
No entendí lo que quiso decir William Zúñiga, quien tiene un cargo con nombre rimbombante: Zar antisecuestros de Tamaulipas. En la entrevista realizada por Reyna Luna para el Expreso, a quien felicito por este trabajo, se percibe la misma falta de conocimiento de otros funcionarios que tienen que lidiar con el tema de la inseguridad.
Zúñiga dice que para evitar secuestros hay que ser discreto, supongo que no está enterado, porque si lo estuviera no recomendaría esa barbaridad, que los plagios están ocurriendo entre personas incluso de bajos recursos a quienes por unos cuantos pesos los retienen y les pegan el susto de su vida. Así lo demuestran las estadísticas que ubican a esta entidad junto con el Estado de México y Guerrero, entre los estados con mayor número de secuestros según el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública “el más alto índice lo tiene Tamaulipas con 1.13 por cada 100 mil habitantes”.
Zúñiga no sé de dónde viene ni cuál es su currículum, pero está claro que desconoce que los tamaulipecos y tamaulipecas se han pasado de discretos para no llamar la atención, han cambiado todos sus hábitos y estilo de vida. De ahí que su sugerencia la siento a destiempo y absolutamente impropia.
Por último, al funcionario le recomendaría que mejor investigara qué está pasando con los equinos que han sido sacrificados de la manera más brutal, es como si la violencia se estuviera trasladando a otros seres vivos, lo que nos lleva a pensar que el daño de tantos años de inseguridad alcanza niveles insospechados.
VÍCTIMA
“Óscar Valle fue el preso número 8106 en la cárcel federal de Villa Aldama, Veracruz. Hoy, oficialmente, es la primera persona que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas indemniza por faltas al debido proceso, luego de que sus derechos humanos fueron violados tras haber sido torturado por elementos de la Marina y pasar 21 meses en la cárcel, siendo inocente. Por eso, este estudiante de medicina recibirá una reparación integral por daño moral y material, cuya cifra asciende a 805 mil pesos.
“Estuve muerto casi dos años, a punto de desear que me hubieran matado, porque es muy duro levantarse después de estar en la mier… No hay dinero que compense la infamia que viví, me quitaron todo lo que yo tenía: mi carrera, trabajo, mi vida amorosa, mi familia”, relata al periódico Milenio al señalar a la Secretaría de Marina como responsable de esta injusticia.
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