Saltillo, Coah.-
Un Juez del Centro de Justicia Penal de Frontera, Coahuila, dictó sentencia condenatoria de 45 y 40 años de prisión a dos policías estatales por el delito de desaparición forzada agravada, lo que se convierte en el primer caso de su tipo en el nuevo sistema penal.
Se trata de Juan Carlos Fabela Mares y Lauro Arturo Lerma Orozco, a quienes el juez los encontró culpables. Ambos pertenecían a la policía Operativa de Coahuila. A Fabela Mares, quien fue jefe de la policía del municipio de Cuatrociénegas, se le sentenció a 45 años, mientras que a Lerma Orozco, 40 años. Además, a ambos se les inhabilitó para desempeñarse en un cargo público.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de octubre de 2015, en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari entronque Carretera Federal 57, en el municipio de Castaños, ambos policías detuvieron y privaron de la libertad a tres ganaderos zacatecanos, José Antonio Trejo Calzada, Luis Alfonso Correa Aguirre y Francisco Javier Chairez Félix, quienes provenían de Zacatecas con más de 100 cabezas de ganado que venderían en Piedras Negras.
Horas después, los tres ganaderos aparecieron muertos en terrenos de la zona de tolerancia de Monclova. Las víctimas estaban esposadas dentro de la camioneta blanca en la que iban, mientras que la caja de tráiler fue encontrada en la carretera 57 y el tractocamión en la ciudad de Monterrey.
La fiscalía tomó el caso y se vinculó a proceso a los imputados el 16 de octubre de 2015. La acusación de la fiscalía se realizó el 3 de agosto de 2016. Después se llevó a cabo una Audiencia Intermedia en octubre de 2016, donde el juez avaló y descartó pruebas, previo al juicio final. El juicio oral empezó en el Centro de Justicia Penal el 24 de enero de 2017 y concluyó el 30 de enero, luego que se desahogaran las pruebas. La sentencia condenatoria se dictó el 31 de enero y ayer se leyeron las penas individuales. Entre las pruebas que respaldaron la acusación está un video de vigilancia de una gasolinera donde se observa cómo los policías se llevaron a las víctimas. El juez comprobó que las personas fueron esposadas y subidas a las cajas de las patrullas sin ningún motivo aparente, además de que nunca fueron puestos a disposición del MP.
Precedente. Volga de Pina, quien es parte del Movimiento Unidos por Nuestros Desaparecidos y ha monitoreado el caso, comentó que es un precedente importante porque representa un poco de esperanza de que se pueden lograr sentencias condenatorias. Explicó que es difícil acreditar la hipótesis de desaparición forzada por situaciones diversas como el encubrimiento de los mandos superiores, además de la sensibilidad que significa para los gobiernos reconocer que los agentes participaron en una desaparición.
Dijo que pese a que también se pudo haber imputado el delito de homicidio, es un logro conseguir una sentencia por haber acreditado la intención de ocultar el paradero de las personas.
Los policías sentenciados podrán promover la apelación o el amparo. “No es definitiva aunque el caso está bastante bien armado. La actuación estuvo bien hecha”, comentó Volga.
La abogada detalló que esta sentencia por desaparición forzada sería la séptima en la historia desde que existen los tipos penales por desaparición y la primera en el nuevo sistema penal. Sin embargo, consideró que en general las legislaciones del país no cumplen con los estándares internacionales para castigar la desaparición forzada, sobre todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del superior jerárquico.
Varios casos. Según un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), Coahuila es el segundo estado en el país con la mayor cantidad de desapariciones forzadas. En general en el estado existen más de mil 600 desapariciones, según la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas en Coahuila, pero se desconoce cuántas entran en la figura de desaparición forzada.
Volga de Pina mencionó que mucho casos están asociados a las corporaciones que creó el estado: el Grupo de Armas y Tácticas y Especiales (GATE), ahora convertida en Fuerza Coahuila.
Por ejemplo, la asociación Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila, suma 85 casos de desaparición forzada, perpetradas en su mayoría por los GATE, casos que en general, no están siendo investigados, denunciaron los familiares.
La abogada de la asociación, Ariana García, criticó que muchas acciones de los GATE eran trabajos que le correspondían a un agente de tránsito. “Hacían detenciones por faltas administrativas y en la mayoría de los testimonios de desapariciones que hemos trabajado, resultan de detenciones arbitrarias”, aseguró. Fue el caso de los tres zacatecanos, quienes fueron detenidos en una aparente “inspección de rutina”.
