México, D.F.- La detención de ocho militares mexicanos por la muerte de 22 presuntos criminales, que según una testigo fueron ejecuciones extrajudiciales, desafía la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de mantener la controvertida ofensiva del Ejército contra el narcotráfico pese a las denuncias de abusos de uniformados.
Un oficial y siete soldados fueron arrestados por las autoridades castrenses el jueves por “desobediencia” e “infracción de deberes” a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo la versión oficial, según la cual las 22 personas eran miembros del crimen organizado y perecieron durante un enfrentamiento armado con los uniformados.
Otro factor que atizó las dudas en torno a este caso fue el hecho de que en el tiroteo sólo un soldado fue herido.
La Secretaría (ministerio) de Defensa no reveló los nombres de los militares detenidos ni la jerarquía del oficial. Tampoco especificó cuál fue la participación de los soldados en el caso, que también está siendo investigado por la fiscalía general.
De confirmarse estas acusaciones, se trataría de la peor masacre cometida por fuerzas armadas desde que Peña Nieto (PRI) asumió la presidencia en diciembre de 2012.
Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que se trata de “una lección dramática” para el gobierno, aunque reconoció que aún es pronto para determinar con exactitud lo sucedido.
“Esto es una evidencia muy dramática de los riesgos que impone la sobreexposición de las fuerzas armadas mientras que las autoridades locales no toman sus responsabilidades” en la seguridad de los estados, explicó Oliva a la AFP.
– Sin militares, la seguridad “colapsa” –
Diversas ONG defensoras de derechos humanos han demandado a Peña Nieto retirar a las tropas de las calles, pero el presidente insiste en que deben permanecer en el terreno hasta que México esté seguro.
Constantemente se alzan denuncias contra los militares por tortura y otro tipo de abusos desde que el presidente Felipe Calderón (PAN) desplegó en 2006 a decenas de miles de soldados para combatir a los narcotraficantes.
Desde entonces, más de 80 mil personas han muerto en las disputas entre cárteles antagónicos, en los operativos federales que buscan combatirlos y en otros crímenes contra civiles.
El mes pasado, una coalición de ONG pidieron a los fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaran las denuncias sobre abusos generalizados cometidos por las fuerzas mexicanas contra los civiles en la región de Baja California entre 2006 y 2012.
Pero para Oliva, el gobierno no tiene más alternativa que combatir el crimen con el Ejército y la Marina Armada, ya que las autoridades locales, infiltradas en numerosos casos por la criminalidad, no han demostrado estar a la altura.
“Tu retiras los militares o marinos y la seguridad pública colapsa”, dijo.
– Posible encubrimiento –
Todo parece indicar que este caso pondrá a prueba las recientes reformas en justicia penal que permite a cortes civiles procesar a militares por crímenes contra personas que no pertenecen al ejército, una iniciativa que se concretó a recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Horas antes de que los arrestos se hicieran públicos, el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo en un seminario que el ejército estaba comprometido a proteger los derechos humanos fundamentales y que cualquier desliz se llevaría “a las instancias jurídicas correspondientes”.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó mil millones a México en ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una “revisión creíble” del caso por parte de autoridades civiles.
“A nosotros nos pareció desde el primer minuto muy sospechosa la descripción de los hechos”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, al coincidir en que las autoridades civiles deben investigar el caso.
Si se confirma el crimen, la fiscalía general debe encontrar “no solo (a los autores) materiales, sino también aquellos que han intentado encubrir un hecho tan salvaje como una masacre de esta naturaleza, probablemente la más grave que ha sufrido México en muchísimos años”, añadió a la Radio MVS.
ENTÉRATE
La testigo aseguró a la revista Esquire que 21 de los muertos, entre ellos su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido ante los militares el 30 de junio en Tlatlaya, una localidad ubicada en la violenta Tierra Caliente del estado de México, a unos 240 km de la capital.
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