Ciudad del Vaticano.-
El juicio al ex mayordomo papal, Paolo Gabriele, demuestra la decisión de Benedicto XVI de llegar al fondo de la maniobras que desencadenaron el “vatileaks”, el escándalo por la filtración a la prensa de documentos confidenciales del pontífice.
En varias ocasiones el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, dejó en claro que el proceso judicial por el delito de “robo agravado” contra Gabriele, que iniciará este sábado 29 de septiembre en los tribunales vaticanos, responde a una expresa voluntad de transparencia del Papa.
En los últimos siete meses la Sede Apostólica ha vivido una de las peores crisis mediáticas de su historia moderna, con una seguidilla de publicaciones en la prensa mundial de informaciones sobre los asuntos más delicados y controvertidos del actual pontificado.
Todo inició el 25 de enero, cuando el programa “Gli Intoccabili” (Los Intocables) del canal de televisión italiano La7 difundió una serie de cartas en las cuales un funcionario de alto nivel denunciaba al Papa supuesta corrupción y favoritismo en las licitaciones del Vaticano.
La transmisión se convirtió en una bomba mediática, que fue sucedida por otras filtraciones como una carta que sugería que la vida de Joseph Ratzinger corría peligro o diversos documentos sobre la situación de las instituciones financieras papales, todos difundidos por el diario “Il fatto quotidiano”.
El día 6 de febrero la Gendarmería Vaticana cursó una primera denuncia ante la justicia vaticana, mientras la sala de prensa de la Santa Sede emitió una serie de comunicados para desmentir las publicaciones de prensa.
Los intentos por parar la cascada mediática fueron inútiles, a esa altura el escándalo se encontraba en su punto más álgido y ya contaba con un apelativo: el “vatileaks”, una fuga de noticias orquestada por los “cuervos”, empleados pontificios responsables de las filtraciones.
La crisis se profundizó el sábado 19 de mayo con la salida a la venta en Italia el libro “Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI” del periodista Gianluigi Nuzzi. El escrito incluyó la transcripción literal de decenas de documentos.
Ellos se referían a los más variados temas: desde el caso de los Legionarios de Cristo hasta la mediación para un alto al fuego del terrorismo vasco, desde supuestos casos de corrupción hasta las “luchas de poder” entre obispos, arzobispos y cardenales.
Por eso la reacción del Vaticano fue dura: calificó a la publicación como una “iniciativa criminal” y se reservó el derecho de proceder legalmente contra los involucrados en la misma.
Dos días después, el 21 de mayo, tuvo lugar una reunión clave: en una de las habitaciones de los aposentos papales se encontraron los principales exponentes de la llamada “familia pontificia”, es decir todos los colaboradores cercanos a Benedicto XVI.
Ante el grupo, de no más de 10 personas, el secretario privado de Joseph Ratzinger, Georg Gaenswein, preguntó a cada uno si tenía que ver con las filtraciones. Todos negaron cualquier involucramiento, incluso el mismo Paolo Gabriele, quien rechazó la versión con firmeza.
Pero sobre él ya habían caído las primeras sospechas. De hecho Gaenswein debió preguntar dos veces al mayordomo si estaba seguro de su respuesta.
Simultáneamente las pesquisas continuaron, por un lado la Gendarmería Vaticana ya tenía en la mira a Paolo Gabriele mientras una comisión de tres cardenales, establecida por el Papa, sostenía audiciones con varios empleados de la Santa Sede a varios niveles.
La tarde del 23 de mayo la Gendarmería realizó un cateo a la casa del mayordomo, dentro del territorio vaticano, donde encontró decenas de copias de documentos confidenciales propiedad del Papa. Ese mismo día Gabriele fue detenido y un día después, el arresto fue confirmado.
Los acontecimientos se precipitaron en los siguientes días, con el cateo en las oficinas de una persona de Claudio Sciarpelletti, un informático de 48 años y empleado de la Secretaría de Estado del Vaticano, a quien se le encontró un sobre con informes confidenciales.
El 25 de mayo fue arrestado y pasó toda la noche en una celda de seguridad del cuartel general de la Gendarmería Vaticana, donde desde el día anterior se encontraba también Gabriele. Al día siguiente el programador fue puesto en libertad provisional, pero con la imputación de “favorecimiento”.
Sciarpelletti deberá comparecer con la acusación de ese delito en el mismo juicio que el mayordomo, a partir del 29 de septiembre. Ya el 29 de mayo el informático ofreció declaraciones espontáneas a la Policía Judicial.
Mientras tanto los gendarmes y la comisión de cardenales continuaron sus investigaciones, los magistrados vaticanos avanzaron con diversos interrogatorios a Paolo Gabriele, que permaneció privado de su libertad hasta el día 21 de julio, un total de 59 días.
Entonces se le concedió el régimen de arresto domiciliario. Acto seguido los magistrados procedieron a confeccionar la “requisitoria” con la cual se declaró el envío a juicio a ambos imputados, el mayordomo y Sciarpelletti, y que fue dada a conocer el 13 de agosto.
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