Solicitando el perdón de sus víctimas, este martes a las 9:57 horas (tiempo local) fue ejecutado el tamaulipeco José Ernesto Medellín Rojas, con una inyección letal aplicada por autoridades del estado de Texas.
Murió la esperanza luego de una espera de casi cuatro horas, pues la pena capital estaba programada a las 18:00 horas, pero las autoridades aguardaron a que la Suprema Corte estadounidense decidiera sobre la solicitud de los abogados del acusado para postergar o detener la condena.
Evidentemente, el retraso hizo renacer las ilusiones de familiares, amigos y defensores de Medellín en que el castigo se conmutaría o al menos se retrasaría, pero finalmente no ocurrió así.
En sus últimas palabras, el mexicano pidió perdón por la violación y asesinato de las adolescentes Elizabeth Peña, de 16 años, y Jennifer Ertman, de 14, delitos que cometió en Houston, en 1993, junto con un grupo de jóvenes pertenecientes, como él, a la pandilla “Negro y Blanco” (Black and white).
Después, el hombre que al morir contaba con 33 años de edad, dijo “los amo” a los amigos que lo acompañaron como testigos de su ejecución; entre ellos se encontraba Sandra Crisp, la amiga que se espera se encargue de los restos del reo mexicano.
En una breve declaración a los medios, Adolfo Peña y Randy Ertman, padres de las jóvenes asesinadas, aseguraron que la ejecución del nativo de la ciudad de Nuevo Laredo les da un sentimiento de justicia por sus hijas muertas.
José Ernesto fue ejecutado en “La Casa de la Muerte” (Death House), en la unidad penitenciaria de Huntsville llamada “Las Paredes” (The Walls), y en las afueras de este recinto las reacciones fueron encontradas.
Grupos que apoyan la pena capital aplaudieron cuando se enteraron de la ejecución y enarbolaron pancartas con mensajes antiinmigrantes, una de las cuales calificaba de asesinos a quienes cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos.
Por otra parte, el desenlace fue tomado con dolor por los opositores a la pena de muerte, quienes también se encontraban afuera de la prisión texana; especialmente por la madre de Heriberto Chi, un ciudadano de origen hondureño que está programado para recibir la inyección letal el próximo 7 de agosto.
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