México, D.F.-
Con la publicación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal, el Gobierno capitalino busca capacitar a los servidores públicos y frenar esta conducta delictiva.
En un plazo de 45 días a partir de este viernes, el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (InmujeresDF) deberá facultar a los servidores públicos que identificarán los siguientes conceptos.
– Tipo de violencia y sus posibles efectos en la víctima
– Cuáles medidas de protección requiere
– Brindar orientación social y jurídica
– Vigilar el cumplimiento de estos procedimientos.
A través de su Centro de Terapia de Apoyo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) registrará los casos de denuncia en la “Base única de Registro de Denuncias de Servidoras Públicas Víctimas de Acoso Sexual”.
Bromas de contenido sexual, imágenes de naturaleza sexual expuestas en oficinas, frases o dichos ofensivos, presiones para salir con algún servidor público, acercamientos físicos no deseados, miradas o gestos morbosos, solicitar favores sexuales o ejercer violencia de cualquier tipo para conseguirlos, son algunas de las conductas en el lugar de trabajo que sirven para detectar acoso sexual.
Los sindicatos que representen a los trabajadores de la administración pública participarán en la prevención y denuncia de este tipo de situaciones.
Mecanismos de denuncia
Las trabajadoras víctimas de acoso sexual de cualquier dependencia o instancia del Gobierno del DF podrán ponerse en contacto vía telefónica o acudir personalmente al Centro de Terapia de Apoyo, adscrito a la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, ubicado en la colonia Del Valle.
Si así lo deciden, podrán realizar un procedimiento administrativo, a través de la Contraloría General, u optar por un proceso “laboral” mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal, en su Subprocuraduría de Atención a Mujeres.
En caso de que la víctima sea hombre, podrá presentar su queja en la Contraloría General, su querella ante la agencia del Ministerio Público que corresponda o bien acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
De uno a tres años de prisión
Los agresores pueden alcanzar de uno y hasta tres años de prisión. Esta pena se incrementará en una tercera parte cuando además exista una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes o domésticas. Si utiliza los medios de su puesto público, también se le destituirá e inhabilitará para ocupar otro cargo en el sector público por un lapso igual al de la pena de prisión impuesta.
La Coordinación Interinstitucional de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, a través de su Comité de Acceso a la Justicia, será la instancia encargada de dar seguimiento y evaluar la debida aplicación del presente Protocolo.
La PGJDF, la Contraloría General y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo proporcionarán semestralmente al Comité las estadísticas de denuncias así como el estado procesal de los casos de acoso sexual.
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