Washington, D.C.-
Estados Unidos, el mayor consumidor global de drogas, se opone a su legalización por principio, pero un número creciente de sus estados han devenido verdaderos paraísos para consumidores amparados en razones médicas y terapéuticas.
El gobierno del presidente Barack Obama rechaza cualquier intento por una legalización plena de las drogas bajo el argumento de que las investigaciones muestran que un aumento del consumo tendría efectos devastadores en la salud pública y la seguridad del país.
Pero en el mundo real, 16 estados y la capital estadunidense, Washington D.C., permiten el uso médico de la marihuana, en cantidades que van de los 28 gramos en Arizona o su equivalente de seis plantas, hasta 768 gramos o 15 plantas en el noroccidental estado de Washington.
California, el estado pionero que inició la tendencia para el uso médico de la cannabis desde 1996 con un referéndum, despenalizó los castigos contra su uso, posesión o cultivo, aunque se requiere pagar de 33 a 66 dólares para registrase como paciente.
La lista de padecimientos elegibles para el uso terapéutico de la marihuana ha crecido y es bastante variada: cáncer, glaucoma, VIH, hepatitis, Alzheimer, náusea, epilepsia y esclerosis múltiple.
Algunos estados permiten su uso para dolores de cabeza severos, eso sí, previa autorización.
Estas fórmulas se han convertido en un fenómeno con creciente respaldo popular.
Un sondeo Gallup divulgado este mes mostró que un 50 por ciento de los estadunidenses apoyan legalizar la marihuana, comparado con el 36 por ciento de apoyo existente en 2006.
Entre las razones figuran algunas de orden económico: su legalización permitiría recaudar impuestos y reduciría el costo presupuestal que implica encarcelar a los fumadores de cannabis.
El apetito estadunidense por la marihuana lo hace no sólo el principal productor a nivel global, sino concentrador del 25 por ciento de todos los usuarios del mundo y, pese a que su consumo cayó durante varios años, repuntó a partir de 2009.
La prevalencia en el uso de marihuana pasó de 10.1 por ciento en 2007 entre la población de 12 años o más, a 11.2 por ciento en 2009.
Pero la situación del consumo de la cocaína es más concentrada, toda vez que Estados Unidos alberga al 37 por ciento de todos los adictos del mundo, aún después de reducciones en los niveles de consumo, en especial desde 2006.
Se trata, según organismos internacionales como la ONU, de una crisis de salud pública que ocasionó 36 mil muertes en 2006, equivalentes a 182 decesos por millón de habitantes de entre 14 y 64 años de edad.
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (Unodc) estima que el mercado de drogas ilegales asciende a más de 300 mil millones de dólares anuales a nivel de menudeo en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia reconoció este mes en una audiencia legislativa que en Estados Unidos se lavan unos 85 mil millones de dólares de las ganancias ilícitas del narcotráfico, del total de 580 mil millones de dólares a nivel internacional.
En descargo, la administración Obama destaca que el uso de drogas cayó en 30 por ciento en las últimas tres décadas, incluida una caída reciente del consumo de cocaína de 40 por ciento y de las metanfetaminas en 50 por ciento, pero se declara insatisfecha.
“Reconocemos que, a pesar de grandes logros, el consumo de drogas es demasiado alto”, señaló la Oficina Nacional de Política para el Control de las Drogas (ONDCP) que dirige el “Zar” antidrogas Gil Kerlikowske.
La administración Obama mantiene que el problema de entre 20 y 25 millones de estadunidenses considerados como adictos, debe ser encarado como una enfermedad prevenible que requiere de tratamiento médico.
El pasado 13 de febrero, el presidente Obama pidió al Congreso un presupuesto de 10 mil millones de dólares para reducir el consumo de drogas en el país para el año fiscal 2013 al reconocer que generan violencia en el país y en el hemisferio.
“Tenemos la responsabilidad de reducir la demanda de drogas en los Estados Unidos. Es un hecho que el uso de drogas ilícitas propicia crimen, violencia, adicción e inestabilidad en nuestra nación y en nuestro hemisferio”, dijo Kerlikowske.
La petición presupuestal representa un aumento de 390 millones de dólares de los fondos aprobados para el año fiscal previo e incluyen unos nueve mil millones de dólares para tratamientos de rehabilitación para adictos.
Asimismo contempla mil 400 millones de dólares en programas de educación y prevención del uso de drogas, en lo que constituye un total combinado de 40 mil millones de dólares erogado por la administración Obama en reducción de la demanda desde 2009.
Pero apenas el año pasado, en el marco de las intensas negociaciones presupuestales con los republicanos, el presupuesto del año fiscal 2012 eliminó un programa de 35 millones de dólares de prevención del consumo de drogas dirigido a la juventud.
Cifras divulgadas en una conferencia Estados Unidos-México celebrada en Washington sobre reducción de la demanda en 2010 mostraron que mientras Estados Unidos tiene más de 20 millones de adictos en México hay unas 500 mil personas.
Sin embargo, en el caso estadunidense solo reciben tratamiento 10
por ciento de las más de 20 millones de personas diagnosticadas con
problemas de consumo.
Funcionarios estadunidenses reconocen que una parte del problema de Estados Unidos es que existe un sistema de tratamiento “segregado”, con más de 12 mil centros de atención dispersos en el país.
Además de la cifra de adictos, existen al menos 68 millones de estadunidenses que consumen alcohol o drogas en forma excesiva, aunque no son adictos.
Desde 2011, Washington ha dado una alta prioridad a lo que califica como la epidemia del “problema de drogas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos”: el creciente abuso de medicamentos que requieren prescripción médica.
La Estratégica Nacional sobre el Control de Drogas contempla por ello aumentar los programas de recolección pública de medicamentos adquiridos con prescripción médica que ya no se usan o están caducos para prevenir su mal uso.
El plan prevé fondos federales para programas de entrenamiento a los trabajadores de la salud en la detección de señales de dependencia a los medicamentos contra el dolor derivados del opio.
La estrategia estadunidense establece políticas de educación pública sobre los peligros del abuso de medicamentos que se obtienen con receta médica con objeto de desterrar la creencia de que son más seguros que las drogas ilegales.
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