Apodaca, N.L.-
Con el rostro desencajado, caminando despacio y mirando al suelo, Gerónimo Andrés Martínez ingresó a la sala de presentados. Ataviado en un chaleco naranja con la leyenda “detenido”, esa mañana del pasado 22 de febrero quien fuera director del penal de Apodaca, Nuevo León, no relajó su cara mientras se le presentaba como arraigado por la fuga masiva de reos y la masacre de 44 en la prisión que él mismo dirigía.
Gerónimo forma parte de las decenas de directivos de penales en el país que tan rápido como llegaron se fueron, pero investigados.
Entre 2011 y los dos primeros meses de 2012 dejaron el cargo 25 directores de penales estatales, de éstos 20 fueron cesados y sujetos a un proceso judicial, según anunciaron las autoridades en su momento.
La mayoría estaban asignados a cárceles de Guerrero, Nuevo León, Durango, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Morelos y Oaxaca.
De acuerdo con los reportes de las secretarías de Seguridad en los estados, en el país no existe un programa para terminar con la corrupción en las cárceles, aunque los cateos sorpresa de militares y policías en los Centros de Readaptación Social fueron clave para detener en 2011 a media docena de directores de prisiones de Sonora, Chihuahua, Oaxaca y Guerrero.
Casos polémicos
De un recuento de los directores cesados de las cárceles estatales en los últimos 14 meses, se desprende que dos del penal de Apodaca —donde el 19 de febrero se fugaron 29 reos y mataron a 44— han sido removidos en ese periodo, entre ellos Gerónimo Andrés Martínez.
Otros dos funcionarios cesados, éstos del penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, son Moisés Chopin Meza a quien se le abrió una investigación tras el motín del 22 de junio de 2011. El lugar fue ocupado por Carlos Coronel Avitia, destituido cinco meses después, luego de que tras un cateo se hallaron armas de fuego, aparatos electrónicos, celulares, dos pavorreales, 53 gallos de pelea, 23 gallinas, nueve de guajolotes y hasta un auto con reporte de robo.
En Veracruz se documentaron cinco cambios, aunque no todos los funcionarios removidos se fueron con señalamientos, como el caso de dos administradores del penal de Poza Rica.
Por la evasión de 32 reos de tres cárceles en septiembre de 2011, se ejerció acción penal contra José Rodrigo Berber Macías, director del Centro de Readaptación Social La Toma, de Amatlán de los Reyes; de Laureano Parra Landa de Duport Ostión, de Coatzacoalcos; y el de Morelos del distrito judicial de Cosamaloapan, Pablo Navarrete Cruz.
La fuga más numerosa de este periodo ocurrió la segunda quincena de julio del año pasado, cuando 61 internos escaparon del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por este hecho fue cesado y sujeto a proceso el director, Alfonso Ramírez Garza.
La lista negra se había abierto el 5 de enero de 2011 por Jorge Mendoza Argüelles, director del penal de Cancún, quien fue procesado por la fuga de cinco reos de alta peligrosidad durante la medianoche del 31 de diciembre de 2010 que mostraron papeles falsos de liberación.
A unos días de terminar 2011, el secretario de Seguridad Pública en Sonora, Ernesto Munro Palacios, anunció la destitución del titular del Sistema Estatal Penitenciario, Saúl Torres Millán, y del director del Cereso 1 de Hermosillo, Rodolfo Castillo Álvarez, debido a su presunta implicación con la fuga de un reo y actos de corrupción en los 15 penales.
En el Cereso de Culiacán los cambios de 2011 comenzaron el 4 de febrero cuando su titular Carlos Suárez renunció para reincorporarse a la Policía Federal. El 5 de marzo de 2011 fue nombrado José Ledezma Labrada, y hace dos días fue removido por “cuestiones administrativas”. Por este motivo en Morelos suman dos cambios.
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