México, D.F.-
El Senado de la República instrumentará un plan de austeridad —que incluye recorte de personal— para garantizar ahorros por 15 millones de pesos, destinados a la “conservación y adaptación de las instalaciones”, es decir, a la construcción de la nueva sede y para cumplir compromisos propios del término e inicio de la Legislatura.
Los Lineamientos de racionalidad y austeridad de 2012 de la Cámara de Senadores, publicados este miércoles en el Diario Oficial de la Federación, prevén ahorros hasta en el uso de papel y limitar las llamadas a celular en las oficinas.
Además, establecen la prohibición a las distintas áreas del Senado de destinar fondos, bienes o servicios públicos, papelería, vehículos, inmuebles u otros equipos en favor de partidos políticos o de candidatos.
Las áreas que deberán acatar estas medidas son principalmente las secretarías generales de Servicios Parlamentarios y Administrativos; las unidades de apoyo técnico de los órganos de gobierno del Senado, como los centros de estudios; la coordinación de Comunicación Social, la Contraloría Interna y el Canal del Congreso.
El pliego petitorio que negocie el personal sindicalizado quedará sujeto a las medidas de austeridad, y se prevé aplicar un programa de retiro voluntario al personal operativo de base y de confianza, cuyas plazas serán canceladas.
De los 15 millones de pesos que se busca ahorrar, se podrán hacer transferencias al fideicomiso para la nueva sede con la simple firma de la Mesa Directiva, previo acuerdo de los órganos de Gobierno.
El documento establece que el único que puede autorizar la creación de plazas o determinar la necesidad de nuevos puestos es el secretario de Servicios Administrativos, Rodolfo Noble San Román.
“Con autorización de los órganos de gobierno, las unidades técnicas, parlamentarias y administrativas podrán aplicar un programa de reorganización para racionalizar sus estructuras orgánicas, sin que se afecte el trabajo sustantivo de legisladores”, explican los lineamientos.
Para 2012 se autorizó al Senado un presupuesto de 3 mil 556.9 millones de pesos.
La austeridad alcanza hasta el servicio de fotocopiado, que deberá otorgarse, preferentemente, en centros de apoyo colectivo y evitar en lo posible el uso de copiadoras por oficina, con excepción de las indispensables para el trabajo legislativo o que se trate de unidades administrativas que produzcan o resguarden información y documentación considerada como de uso restringido o confidencial.
Se incentivará una campaña para que todo documento que pueda consultarse en internet no se fotocopie, y tratándose de oficios, marcar copia únicamente a las personas cuya participación en el asunto resulte indispensable.
También se pedirá utilizar de preferencia el sistema de digitalización en discos.
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