Washington, D.C..-
Cuando hace unos días el aspirante republicano a la nominación presidencial, Mitt Romney, propuso la “autodeportación” de millones de indocumentados para resolver de una vez por todas el problema de la inmigración ilegal, decenas de miles de inmigrantes que han vivido los últimos años bajo un ambiente de persecusión llegaron a la misma conclusión.
“Las cosas ya no pueden ser peores para millones que seguimos viviendo en las sombras o sufriendo las consecuencias de las redadas o las deportaciones indiscriminadas”, aseguró Liliana M., una madre de familia indocumentada que todos los días reza para que su esposo y sus hijos regresen a casa en un barrio suburbano de Maryland.
En el mismo vecindario, la familia de Josefina Rodríguez Vega, inmigrante de México, lucha por impedir la deportación de esta mujer de 58 años y abuela de cuatro niños nacidos en Estados Unidos.
Organizaciones defensoras de la comunidad inmigrante como la Casa de Maryland se les han unido en la batalla contra la expulsión. La administración de Barack Obama goza hoy de la dudosa reputación de tener cifras récord de deportaciones: más de un millón y medio.
En junio, Josefina fue detenida mientras manejaba sin licencia de conducir. Tras comparecer en la corte, se le dio un plazo para abandonar el país o “autodeportarse” y se le colocó un brazalete electrónico para monitorearla desde su arresto domiciliario.
Desesperada, la mujer intentó quitarse el brazalete. Fue detenida y trasladada a la sede de las Oficinas de Migración y Aduanas (ICE) en de Baltimore, donde aguarda fecha de deportación.
“Seguimos manteniendo la esperanza de que el ICE respetará los compromisos anunciados para privilegiar las deportaciones de criminales. Nos parece realmente preocupante que las autoridades se muestren dispuestas a deportar a una mujer que es abuela de cuatro ciudadanos de EU y que no representa ninguna amenaza para la seguridad de este país”, dijo Gustavo Torres, director de la Casa de Maryland.
Según cifras de la organización Applied Research Center (ARC), en los primeros seis meses del 2011, más de 46 mil padres y madres fueron separados de sus hijos y entregados en adopción. Es decir, más de 10% de las deportaciones, que superaron las 397 mil expulsiones durante el año fiscal del 2011, son de padres de familia que difícilmente pueden encajar en el rango de peligrosidad que el ICE esgrime para justificar su detención y expulsión. En medio de esta campaña de deportaciones, los cálculos más conservadores de ARC estiman que, en los próximos cinco años, la cifra de niños que son arrancados de los brazos de sus padres superará los 15 mil.
Presionada por una intensa campaña contra las deportaciones, la Casa Blanca anunció el año pasado una política de revisión de aproximadamente 300 mil casos de personas en lista de espera para ser expulsadas. Pero bajo los programas piloto iniciales en Denver y Baltimore, sólo se han recomendado unas mil 600 suspensiones de deportación.
Por eso, cuando el aspirante republicano a la presidencia Newt Gingrich criticó las expulsiones de abuelos con arraigo y familia en EU, no sólo reveló su astucia política ante un electorado hispano que será clave en las presidenciales de noviembre, sino que tocó un tema sensible que hoy enfrentan los políticos frente a millones de indocumentados que esperan que, un día, demócratas y republicanos superen sus diferencias y arreglen un sistema migratorio que esta roto.
Mientras tanto, las fuerzas vivas del nativismo extremo promueven leyes antiinmigrantes en Arizona, Utah, Carolina del Sur o Alabama.
Y la administración Obama, con sus deportaciones y programas como “Comunidades Seguras”, no se queda atrás, afectando a una comunidad migrante que hoy se declara más que decepcionada del presidente “del cambio”.
Discussion about this post