Levanta SET acta de abandono a jardín de niños

Cd. Victoria, Tamps.-
La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) levantó acta de abandono a las maestras que cerraron el jardín de niños “Decroly”, en esta ciudad, de la zona escolar 92.
El director jurídico de la SET, Arnoldo González Herrera, pidió a las docentes se reintegren a laborar, luego de que desde el pasado martes 03 de enero mantienen la escuela sin clases en protesta por la supuesta destitución de la supervisora de la zona 92, Blanca Micaela Muñiz Arratia.
El jurídico de la set expuso que las manifestantes están en su derecho de inconformarse, por ello se ha atendido la demanda por la vía jurídica, sin embargo, el cierre de la escuela es también una irregularidad que se persigue de oficio.
“La SET manifiesta su deseo de diálogo siempre y cuando permitan la prestación del servicio público educativo en dichas instalaciones”.
“Es necesario aclarar que la maestra no ha sido despedida, ni se han violentado sus derechos laborales, ya que sigue siendo supervisora de dicha zona”, enfatizó.
Manifestó que la situación de conflicto fue generada cuando la supervisora Blanca Micaela Muñiz Arratia puso a disposición de la Jefatura del Sector a las maestras Miguelina Bocanegra Piñia y Marcia Refugio Izaguirre Maldonado, lo cual generó que la Secretaria General de la D-I-271 solicitara investigación bipartita SET-SNTE bajo el argumento de irregularidades y arbitrariedades cometidas por la supervisora.
“La conformación de dicha comisión da como resultado un resolutivo en donde se determina el cambio de adscripción de la profesora Blanca Micaela Muñiz Arratia, para ser ubicada en donde el servicio lo requiera. Lo anterior sin afectar sus derechos laborales”.
“Ante dicho resolutivo la profesora interpuso inconformidad, a la cual se le está dando el trámite correspondiente, pero hasta la fecha la profesora en mención y otras 35 más desde el día martes 03 de enero cerraron con cadenas y candados los accesos al jardín Decroly.
Señaló que las maestras inconformes rechazan un acuerdo que sostuvieron con el Gobierno del Estado fechado el 14 de diciembre del 2011 en el que acordaban esperar la revisión de la inconformidad, sin llegar a medidas como las aplicadas en el que cerraron las instalaciones.