McAllen, Texas.-
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, aceptó millones de dólares en sobornos e invirtió el dinero en bienes raíces en Texas, aseguran fiscales federales de Estados Unidos en dos solicitudes de confiscación de propiedades que fueron presentadas ayer.
No se ha iniciado todavía ningún cargo penal a Yarrington, un político de extracción priista que gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, pero las medidas presentadas ante el fuero civil afirman que cuando fue funcionario público recibió “millones de dólares en pagos” del crimen organizado “de varios esquemas de extorsión o soborno”.
En ese entonces, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”, según los documentos interpuestos en Corpus Christi, Texas. El otro caso de confiscación fue presentado en la ciudad de San Antonio.
Las autoridades de EU intentan decomisar un condominio en la Isla del Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.
Un abogado de Yarrington en Houston dijo que estaba revisando los documentos y declinó pronunciarse de inmediato sobre el caso.
El gobierno estadounidense investiga formalmente a Yarrington por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y por lavado de dinero, y según fuentes judiciales estadounidenses, en breve se podría emitir una orden de arresto en su contra.
La investigación contra Yarrington se está nutriendo con los testimonios de Antonio Peña Argüelles, acusado por la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) por lavado de dinero.
Peña Argüelles, quien fue acusado formalmente por un gran jurado de lavado de dinero, se encuentra recluido en una cárcel de Texas, donde ha sido interrogado por el Departamento de Justicia en torno a la investigación contra Yarrington.
El Partido Revolucionario Institucional ha señalado que cada quien tendrá que afrontar su responsabilidad ante la justicia en caso de que sea acusado el ex gobernador.
“Donde se considere que ha habido faltas a la ley, debe de aplicarse la ley sin ningún sesgo faccioso. El PRI no va, bajo ningún concepto, a solapar impunidades. Si se prueba fehacientemente que algún militante de nuestro partido tiene vínculos con la delincuencia organizada nos deslindaríamos inmediatamente de él”, dijo el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, cuando se le preguntó durante una entrevista en el mes de marzo pasado, su opinión sobre el caso de los ex gobernadores de su partido que podrían ser investigados.
“Nosotros nos deslindamos de nuestros militantes que pudieran estar en un caso así. No acompañamos a nadie que haya cometido un ilícito, ni tampoco prejuzgamos hasta que las autoridades encargadas del proceso deslinden responsabilidades y emitan un fallo definitivo desde el punto de vista judicial”, dijo ayer por la noche el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez.
El Departamento de Justicia presentó la solicitud de confiscación de los bienes de Yarrington, luego de que acusó al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez, de 55 años, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de conspirar para lavar dinero desde enero de 1998. La acusación sostiene que Cano y otros conspiraron para establecer empresas en Texas que eran utilizadas para lavar el producto de sobornos pagados a “altos funcionarios y candidatos” en Tamaulipas. “Millones de dólares en activos, mayormente inmuebles en Texas, fueron adquiridos con ese esquema”, sostiene el Departamento de Justicia.
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