Con la misma vara… secuestros

O lo que es lo mismo, farol de la calle, oscuridad de su casa.
La posición mostrada por el gobierno federal en el caso de José Ernesto Medellín Rojas, el reo de origen mexicano que fue ejecutado en Huntsville, Texas, acusado de participar en el asesinato de dos jovencitas estadounidenses, revela cómo los asuntos que ocurren en territorio extranjero tienen peso distinto a los que suceden en territorio nacional.
Mientras por un lado el gobierno federal acusa a Estados Unidos de violar acuerdos internacionales en el caso de Medellín Rojas al no conmutar la sentencia mediante la cual aplicaron la inyección letal a este hombre oriundo de Nuevo Laredo, por otro lado, en nuestro país estamos escuchando diversas voces que piden la aplicación de la pena de muerte o cadena perpetua a los secuestradores y asesinos.
La postura de representantes de diferentes partidos políticos y niveles de gobierno en el caso del jovencito, hijo del empresario Fernando Martí, nos ubica en situaciones similares, pero con protagonistas distintos, muy distintos.
Fernando Martí es un empresario que en diciembre había vendido su fábrica de uniformes a Alfredo Harp Helú, dueño de Banamex en varios cientos de millones de dólares.
Posiblemente este hecho derivó en el secuestro y posterior asesinato de su hijo de 14 años.
Lo ocurrido ha desatado una campaña en radio, televisión y medios impresos del Distrito Federal pidiendo restablecer la seguridad que toda la población en México exige y a la cual tiene derecho.
Esa campaña mediática no está exenta, desafortunadamente, del trasfondo político, los medios de comunicación están exigiendo que el gobierno del perredista Marcelo Ebrard responda a las acusaciones porque son policías judiciales quienes participaron en el plagio y asesinato del jovencito.
Lamentablemente el tratamiento casi persecutorio de este caso por parte de los medios de comunicación tiene fines que se antojan extremos, porque en lo que va del sexenio de Felipe Calderón 53 personas han muerto víctimas de secuestros en diferentes partes del país y no se criticado con tanta vehemencia lo que está sucediendo desde hace años.
Tamaulipas no está al margen de las estadísticas de secuestros, que no son reales, porque el número es más alto, el crecimiento de la delincuencia organizada ha generado una ola de miedo que impide que muchas personas denuncien los secuestros de familiares o amigos.
En caso de que el gobierno mexicano decida aprobar la pena de muerte para secuestradores y asesinos, con qué cara reclamará en el futuro que compatriotas que cometieron violaciones a las leyes en otros países sean sometidos a la máxima condena.
Esto debe motivar una reflexión sobre si la aplicación de la pena de muerte realmente conducirá a la reducción de los secuestros y asesinatos, tal vez la solución está en la aplicación de la ley sin componendas, ni corrupción.