Tengo la fortuna de que no soy un vicioso del juego en los casinos (ludópata), y las pocas veces que he entrado a uno de esos negocios es, también, en las pocas ocasiones que he ido a Las Vegas. Vaya, no puedo arriesgar –o confiarle a la suerte– aquello que he acumulado (poco), a lo largo de mi vida profesional.
Días después de los trágicos hechos en el Casino Royale de Monterrey, por pura curiosidad periodística entré a un Playcity, esas casas de juego y apuestas que se abrieron gracias a la benevolencia del ex secretario de Gobernación en el foxismo, Santiago Creel Miranda, que algo le debía a Eugenio Azcárraga Jean.
Como todo un inexperto en la materia llegué al segundo piso de la Plaza Real que se ubica sobre avenida Gonzalitos, subí por las escaleras eléctricas y quise entrar como “Pedro por su casa” al mentado casino. Creí que los guardias me dejarían pasar sólo con verme con cara de querer perder mi dinero.
Pero no fue así, tuve que dejar mis llaves y mis teléfonos en una vasija de plástico y mi cuerpo atravesaría un detector de metales. Sabrá Dios si ese aparato estaba desde antes o fue instalado a raíz de la muerte de las 52 personas en el Royale.
Al menos los dueños del Playcity habían tomado sus propias medias de seguridad, para evitar una nueva barbarie en la zona metropolitana de Monterrey.
Dentro del local había los clientes recurrentes, la mayoría mujeres de todas las edades, pero si alguien me llamó la atención fue una mujer mayor de 50 años, quien entre las máquinas traga-monedas llevaba de la mano a una menor con Síndrome Down.
La preguntas que se me vinieron a la mente fueron: ¿y si se incendiara el Playcity, cuál iba a ser la suerte de la menor de edad?, ¿por qué los guardias no impiden que mujeres ludópatas metan a personas que no se pueden valer por si mismas?
Las autoridades federales, de cualquier nivel, no solamente deben cerrar aquellos casinos que abrieron sin permisos, y sancionar a los que no cumplan con medidas de seguridad como tener puertas de evacuación.
Deberán ser mas estrictos para evitar que la gente enferma de ludopatía lleve menores de edad, discapacitados y personas de la tercera edad… reservarse el derecho de admisión.