Tamaulipas, hasta ahora, tiene el récord de más fugas de reos ocurridas en el país en los años 2010 y 2011.
Los penales de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, son los que más incidentes de este tipo han registrado.
Y no es casualidad, ahí están recluidos la mayor parte de los hombres y mujeres relacionados con delitos de jurisdicción federal.
El récord de fugas masivas no es algo que provoque orgullo.
Más bien preocupación.
Desde que comenzaron esos incidentes no se había estructurado un plan para evitar que continuaran presentándose.
Prácticamente durante el gobierno de Eugenio Hernández se dejó de lado esta problemática, a lo que más se había llegado era a encarcelar a los custodios, que no hubieran huido junto con los reclusos evadidos y a uno que otro director de penal.
Las acciones nunca han llegado a las esferas más altas, como puede ser el titular de Centros de Readaptación en el Estado o un secretario de Seguridad Pública Estatal, quienes son los principales responsables de vigilar que en los penales se cumpla la ley.
La cuerda siempre se rompe por lo más delgado y la opción más conveniente para tratar de enmendar la situación, es encarcelar a quienes tienen la encomienda de mantener a los reos en sus celdas.
Pero por lo visto eso no ha resultado suficiente, porque las fugas continúan, como la ocurrida hace unos días donde hubo siete personas asesinadas.
Es por ello que ayer se dio una reunión entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Federal donde acordaron varias medidas que se espera reduzcan las posibilidades de que Tamaulipas mantenga el primer lugar en número de reos fugados a nivel nacional.
Según informaron en un comunicado retomado por el periódico El Norte, “las partes buscan eficientar la coordinación entre órdenes de gobierno a favor de la seguridad penitenciaria”.
Este primer punto es muy cuestionable, ¿no se supone que la coordinación existe, que hay un trabajo conjunto entre federación, estado y municipio?
En fin.
En la reunión a la que no asistió Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, quien seguramente anda de vacaciones, acudió un funcionario de segundo o tercer nivel, Eduardo Gómez García, comisionado titular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Pues bien, este hombre con ese nombramiento tan largo, acordó con el gobierno tamaulipeco que “los reos del fuero federal con sentencias ejecutoriadas sean reubicados paulatinamente en centros penitenciarios a cargo de la federación”.
Desde que se tiene uso de razón se ha escuchado este lamento por parte de cada gobernador de Tamaulipas en turno y ningún presidente ha resuelto hasta la fecha el tema de los reos federales en cárceles estatales, su manutención y su vigilancia.
El siguiente punto sí es destacable, a partir de ya, toda persona que cometa un delito federal en terreno tamaulipeco, será consignada a un penal federal.
También se acordó que todos los reos peligrosos, aunque sean del fuero común, serán enviados a cárceles federales.
Y por último ratificaron lo que siempre dicen, que la seguridad, tanto interna como externa del penal, recaerá en una coordinación entre autoridades estatales y federales.
Esas medidas se espera que den resultados y no se repitan las fugas masivas.
A ver cuánto tiempo les lleva hacer los traslados.
Ahora a cruzar los dedos para que el deseo de las autoridades se convierta en realidad.
LA FRASE
“Lo fundamental de esta reforma penitenciaria es tratar de abordar una realidad que ha estado invisible durante muchos años. Es un tema que debe ser asumido con fuerza y convicción de parte de todo el Estado y eso es lo que hemos estado haciendo”, afirma. “Lo peor que nos puede pasar como sociedad es encerrar a la gente y olvidarnos de que existe”, lastimosamente no son palabras de un alto magistrado de la Suprema Corte de Justicia en México, es la declaración de la subsecretaria de Justicia de Chile, Patricia Pérez al hablar de la reforma penitenciaria que están analizando en su país.
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