Se van a cumplir cuatro meses del descubrimiento de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron 183 cuerpos, y solamente 23 de ellos han sido identificados por la PGR a través de las pruebas del ADN.
La lentitud oficial desespera a miles de familiares de personas desaparecidas, entre ellas las que viajaban en autobuses de pasajeros con destino a Estados Unidos como migrantes en busca de un mejor futuro.
A cuenta-gotas, la Procuraduría General de la República ha dado a conocer la identificación de personas a través de las pruebas genéticas, es decir, por medio de la comparación de la sangre de un familiar con la extraída a los cuerpos localizados en San Fernando el miércoles 6 de abril pasado.
No hay duda de que la mayoría son de migrantes desempleados mexicanos del centro-sur del país que se iban a internar al vecino del Norte, pero en el camino por las carreteras en Tamaulipas fueron bajados de los autobuses y se los tragó la tierra.
Las horas, los días, las semanas y los meses transcurren y sus parientes ya no hayan a qué nuevo santo rezarle, y ya conocen todas las iglesias católicas en Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí y Guerrero.
Mientras las autoridades federales siguen combatiendo al crimen organizado, el número de muertos aumenta en las calles. Y sabrá Dios cuántos desaparecen a diario.
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