México, D.F. / Febrero 6.-
Mujeres que abortan en sillones de casas adaptadas como clínicas privadas, precios discrecionales que van de 2 mil hasta los 10 mil pesos, procedimientos realizados por médicos generales y no por especialistas y la poca vigilancia de la autoridad de salud, son algunas de las situaciones que enfrenta quien decide interrumpir legalmente su embarazo ante los vacíos regulatorios en la materia.
La mayoría de las mujeres que recurren a este servicio en el DF, única entidad del país donde es legal la interrupción del embarazo, son de la propia capital, del Estado de México, Puebla, Jalisco, Querétaro y Morelos.
Autoridades locales y federales dicen no tener la responsabilidad de la vigilancia de los procedimientos que se llevan a cabo en estos centros privados, que funcionan desde abril de 2007, cuando entró en vigor la ley en el DF que permite el aborto hasta antes de la semana 12 de gestación.
Sin la inspección requerida, dicen especialistas, el procedimiento para interrumpir un embarazo es un negocio que viola los lineamientos con tal de obtener mayores ingresos económicos.
Información recabada en clínicas privadas confirma que los médicos pueden negociar por mayor costo un aborto después de la semana decimosegunda. Además, las menores de edad pueden ir acompañadas de un amigo con credencial de elector, pese a que los lineamientos oficiales requeridos para una interrupción de embarazo precisan de la asistencia del padre, madre, tutor o representante legal.
Kary, una joven de 20 años, con un embarazo de nueve semanas, quien acudió a una clínica del sur de la ciudad de México donde pagó 5 mil pesos por abortar relata: “Era una casa vieja y descuidada, me trataban sin el menor cuidado, como si sólo me fueran a poner un curita en la herida”.
Para la constitucionalista Íngrid Tapia, la ley aprobada en la ciudad de México no sacó de la clandestinidad la práctica del aborto, pues sólo parece haber legalizado métodos irregulares.
“Lo que mata a las mujeres cuando se practican un legrado es la impericia médica de quienes lo practican, lo único que logró la despenalización es que todos esos médicos que practicaban legrados en la clandestinidad, que eran los causantes de las muertes por su impericia médica, hoy lo hagan impunemente”, refiere.
Sin embargo, ni la Secretaría de Salud del Distrito Federal ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios vigilan de los procedimientos en estas clínicas privadas.
Desde 2007, cuando se aprobó la ley en el DF, se han practicado 52 mil interrupciones legales del embarazo en hospitales públicos capitalinos, según datos del gobierno capitalino.
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