HRW aplaude fallo de Corte Interamericana de DH sobre ecologistas

México, D.F. / Diciembre 21.-
La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) en la que determinó que el Estado mexicano es responsable de tortura y violaciones a las garantías contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, es una evidencia de que en México todos los delitos cometidos por el Ejército deben ser investigados por el fuero civil y no sólo unos cuantos como lo propuso el Ejecutivo, para que estas historias de impunidad no se repitan.
El organismo Human Rights Watch (HRW) destacó así la trascendencia de esta sentencia internacional ya que la Corte concluyó que el sistema de justicia penal ordinario, “se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW destacó que “esta decisión refuerza nuestra posición contraria a la propuesta de Felipe Calderón para reformar el Código de Justicia Militar, que sólo excluiría tres delitos del fuero militar”.
Ayer la COIDH publicó su sentencia en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, dos líderes ambientalistas de Guerrero que fueron detenidos de forma arbitraria y torturados por militares en 1999. La corte concluyó que el Estado mexicano había violado su derecho a la libertad, la integridad personal, el debido proceso y la protección judicial, y ordenó que las denuncias de las víctimas sobre torturas fueran investigadas por autoridades del fuero común.
De acuerdo con HRW “el caso de los ecologistas pone al descubierto todas las razones por las cuales los militares no deberían investigar a sus propios soldados involucrados en violaciones de derechos humanos: la manipulación de pruebas, el uso de la tortura para obtener confesiones e investigaciones absolutamente inadecuadas de abusos graves”.
Reiteró que “la decisión de la Corte deja en claro que la propuesta del Presidente Calderón de excluir tan sólo algunos abusos de la jurisdicción militar, en lugar de la totalidad, está lejos de ser una medida suficiente”.
La Corte también reiteró la obligación del gobierno mexicano -establecida en las sentencias anteriores sobre la desaparición forzada de Radilla Pacheco y la violación sexual de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, ambas dictadas en 2010- de reformar el Código de Justicia Militar para adecuarlo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
HRW puntualizó que ha instado en reiteradas oportunidades al gobierno mexicano a que tome medidas para garantizar que todas las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas en el ámbito del la justicia penal ordinaria.