México, D.F. / Noviembre 11.-
El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ángel Trinidad, aseguró que es necesario “fiscalizar” los ingresos de la Federación y “transparentar” el proceso de recaudación que hace la Secretaría de Hacienda, para demostrarle a la sociedad como cada quien contribuye al ingreso gubernamental en función de sus ingresos y capacidad de gasto.
Con esta medida, se mejoraría la política pública de generación y captación de ingresos fiscales y servirá para generar confianza en los contribuyentes, destacó.
Al participar en el 4° Seminario Internacional “Transparencia en las políticas económicas y sociales”, organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Infodf), el comisionado expuso que el complicado proceso de recaudación se traduce en una falta total de transparencia.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la única entidad autorizada para validar cifras y procesos de todos los ingresos públicos.
Trinidad manifestó que, ante la duda de si efectivamente se recaudó lo que informa la SHCP, no hay quien pueda verificarlo.
Por ello, agregó que si la transparencia abona a favor de un mejor ejercicio de la política pública, por el lado del gasto (sobre todo en los estados), debe hacerse lo mismo por el lado del ingreso.
“Si se fiscalizara el Ingreso, se contarían con más y mejores elementos para evitar las subestimaciones de ingresos con las que luego se conforman bolsas para el uso discrecional de la autoridad”, afirmó.
El comisionado del IFAI cuestionó si en México en verdad existe un verdadero Estado democrático, ya que prevalecen suspicacias respecto al actuar de algunas autoridades.
Ejemplificó el caso relacionado con la cancelación de mil 792 créditos fiscales, por un total de 74 mil millones de pesos, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió hacer efectiva a un grupo selecto de beneficiarios, cuya identidad se ha negado a hacer pública, pese a que existe una resolución definitiva del organismo de transparencia que le ordena darla a conocer.
Asimismo, puso en duda la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al proponer ésta un procedimiento de conciliación con el SAT, para impedir que se conozcan los nombres de los beneficiarios de la cancelación de créditos fiscales.
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