Xalapa, Ver. / Noviembre 3.-
Con el fin de impulsar políticas públicas para la adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos para proteger a la población, el Congreso de Veracruz aprobó la ley estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático.
Durante sesión extraordinaria, los diputados avalaron el novedoso ordenamiento legal, que sería el primero para una entidad del país, creado a partir de una propuesta del gobernador Fidel Herrera Beltrán y de un Foro de Análisis en el que participaron expertos en el tema.
La nueva ley obliga a incluir en el Plan Veracruzano de Desarrollo, programas sectoriales y estrategia estatal, metas y objetivos específicos de mitigación y adaptación e indicadores de sustentabilidad de las acciones.
Entre alguna de las novedades se señala que en centros urbanos de más de 50 mil habitantes, se deberá llevar a cabo una sistematización del manejo de residuos sólidos a fin de que no generen emisiones de metano.
Y en todos los centros urbanos, las unidades de transporte público deberán cumplir los estándares de emisión, sujetándose a los programas de verificación vehicular o los concesionarios podrán optar por otros sistemas de transporte colectivo más eficientes.
Además, el estado procurará la generación de energía eléctrica para sus instalaciones, con la utilización de fuentes no contaminantes, como viento, luz solar, biomasa y oleaje marino.
La ley obliga a autoridades estatales y municipales a elaborar evaluaciones de impacto económico, mapas de riesgo, desarrollo de capacidades de adaptación y demás estudios para hacer frente al cambio climático.
Quienes realizan programas de investigación y de desarrollo tecnológico y social deberán considerar temas relacionados al cambio climático, así como la creación de fondos concurrentes para financiar la realización de proyectos relativos.
Se creará el Consejo Estatal del Cambio Climático, que se instalará dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley, cuyos integrantes velarán por la aplicación del ordenamiento legal y el impulso de proyectos.
En materia de protección civil, en los mapas de riesgo, se considerarán los escenarios de vulnerabilidad y en cuanto a la seguridad agroalimentaria, se impulsará la investigación de posibles escenarios climáticos para ubicar cultivos prioritarios o señalar la oportunidad de cambio de cultivos o del método de beneficiarlos.
Se implementará un Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano que considere los efectos del cambio climático; se propiciará la reubicación de asentamientos humanos alejándolos de zonas de riesgo.
Para la mitigación de gases efecto invernadero, se impulsa la preservación y aumento de sumideros de carbono para alcanzar una tasa neta de deforestación cero; reconvertir las tierras agropecuarias degradadas a sistemas agroforestales de manejo sustentable, de conservación o para la producción de bioenergéticos.
Se establece el mejoramiento de la cobertura vegetal en todos los terrenos ganaderos; se incorporan ecosistemas forestales a esquemas de pago de servicios ambientales, áreas naturales protegidas, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre o de manejo forestal.
En todos los asentamientos humanos, la calidad del aire será de acuerdo a las normas oficiales; se promoverán patrones de producción y consumo que disminuyan las emisiones; se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado para que reduzcan sus emisiones.
Además, el estado promoverá prácticas de eficiencia energética, la sustitución del uso de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía y la transferencia e innovación de tecnologías limpias.
La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente efectuará actos de fiscalización, inspección y vigilancia en las fuentes emisoras sujetas a reporte y emitirá infracciones conforme a lo establecido en esta ley, a la Ley Estatal de Protección Ambiental y al Código de Procedimientos Administrativos.
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