Cd. Victoria, Tamps. / Octubre 25.-
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene finanzas sanas, atajó el rector José María Leal Gutiérrez.
El rector habló sobre el estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que calificó que 21 universidades públicas del país, entre ellas la UAT, presenta una situación económica “crítica”.
“Es un dato muy fuerte, la universidad tienen finanzas muy sanas”, afirmó el líder de los universitarios.
Reportó que tan sólo este año la UAT ejerció un presupuesto superior a los mil millones de pesos, presupuesto que se repetirá, e incluso podría crecer para el siguiente ciclo.
Afirmó que los salarios de los trabajadores está seguro, así como el pago a los jubilados.
“Tenemos por encima de los mil millones de pesos en ahorro de jubilaciones, no tenemos problema.
“Tenemos presupuesto para solventar los salarios, proyectos académicos, culturales, lógico que siempre solicitamos mayor apoyo por parte del gobierno para crecer en infraestructura”, expresó.
Aún así, el rector estableció que todas las universidades del país requieren más dinero para crecer.
“Basamos nuestro crecimiento en los recursos de los gobiernos federal y estatal”, subrayó.
Las declaraciones de Leal Gutiérrez se dieron después de que se difundieron los resultados de un estudio realizado a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reveló que diez universidades del país están en una situación financiera “insostenible”, mientras que otras once –entre las que se encuentra la UAT- están en condiciones “críticas o muy críticas” por la carga económica que enfrentan por el pago a sus trabajadores jubilados y pensionados.
Frente a este panorama, la SEP recomendó a las universidades establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro; “suspender o disminuir las pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna”, y emprender reformas a los contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que aun al estar ya en condiciones de retiro decidan seguir en sus labores.
El estudio asegura que la deuda o pasivos por jubilación en todas las universidades públicas del país ascienden a 449.5 mil millones de pesos, recursos con los que se podría financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante los próximos 16 años.
La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que realizó por encargo de la SEP el actuario Carlos Jorge Soto Pérez entre 33 universidades públicas estatales, afirma que la situación que viven 21 de ellas no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.
A partir de un seguimiento hecho a esta situación desde 2000, la SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por concepto de pensiones y jubilaciones ascendía a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.
Entre las universidades que según el estudio se encuentran en una condición “insostenible” se encuentran las de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.
Las que están en situación “crítica” o “muy crítica” son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.
Las únicas instituciones que se salvan en este estudio pues tienen “casi resuelto” el esquema de retiro de sus trabajadores son las de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa.?Por su parte las instituciones de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí tienen una situación “medio resuelta”.
LAS RECOMENDACIONES
Los resultados de este estudio actuarial fueron presentados por la SEP a los rectores de las 33 universidades.
Entre las principales recomendaciones que se proponen se encuentra una reforma para ampliar el esquema para el retiro de los trabajadores, donde se establezca una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.
Incluye también la creación de estímulos a la permanencia, es decir, entregar una compensación salarial de 10 por ciento a quienes en lugar de jubilarse sigan laborando; se deberán eliminar las dobles pensiones, se fomentará que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y se desligarán los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, para atarlos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
El reporte considera que “estas modificaciones, seguramente poco populares entre los afectados, corresponden a una postura realista, pues si no es posible garantizar en el largo plazo los beneficios pactados, es necesario ajustarlos a los niveles que permitan su adecuado financiamiento”.
Advierte que se deberá “crear conciencia” en la sociedad sobre el “futuro sumamente crítico” que les espera a las instituciones y al país por el envejecimiento poblacional.
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