Chetumal, Q.R. / Octubre 15.-
A un año y medio de que el Congreso local aprobara la ley antiaborto, este jueves dio entrada a una iniciativa que pretende reglamentar la interrupción del embarazo en aquellos casos que la ley lo permite, particularmente en las violaciones; para garantizar a las víctimas la interrupción con la ayuda médica oportuna.
Esta propuesta es impulsada por la presidenta de la comisión de Equidad y Género, la priísta María Hadad Castillo.
En ella, plantea reglamentar el aborto, en especial, cuando se trate por causas de violencia sexual y si bien está contemplado en el Código Penal del estado, no se aplica por la falta del reglamento correspondiente.
En abril del 2009, el poder legislativo aprobó con 18 votos del PRI, PAN y PVEM la ley antiaborto, misma que impulsó la diputada priísta Laura Lynn Fernández Piña.
En esa ocasión, la única del grupo parlamentario del PRI que voto en contra fue María Hadad Castillo.
En la iniciativa que ingreso al pleno este jueves, la legisladora propone realizar una serie de modificaciones al Código Penal local, para especificar la obligación de las instituciones de salud del estado a practicar el aborto a víctimas de violación cuando así lo soliciten, y para lo cual “el sistema público de salud deberá contar con el personal para garantizar este servicio”.
También incluye algunos requisitos que deberá de agotar la víctima de violencia sexual, para que pueda interrumpir el embarazo, como es presentar la denuncia del delito, declarar la existencia del embarazo y acreditar que es producto de una violación y que presente la petición por escrito o a través de la comparecencia o de su representante cuando la víctima sea una menor de edad.
“En esos casos, la autoridad deberá resolver lo procedente en un término de setenta y dos horas a partir de que sea presentada la solicitud del aborto”, propone esta reforma.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Legislativos y Justicia para su análisis y posterior dictamen.
En Quintana Roo se registra un alto índice de violaciones contra menores de edad, el último caso que sacudió a la opinión pública y provocó la reacción de organizaciones de mujeres a nivel nacionales e internacionales, fue el caso de Amalia, una niña de 11 años de edad que fue violada por su padrastro y en agosto día a luz a su bebé.
Le fue negada la oportunidad de abortar, por contar con casi 90 días de embarazo al momento de interponer la denuncia, plazo límite que contempla el código penal. Además que no existe en el estado un reglamento que indique qué autoridad autorizará el aborto y que instancia de salud deberá practicarlo.
El artículo 97 del código penal de Quintana Roo establece que no es punible el aborto en el estado cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada (accidente); resultado de una violación pero que sea denunciada ante el Ministerio Público y tendrán que practicárselo dentro de los primeros 90 días de gestación; cuando a juicio de dos médicos resulta razón suficiente que sufre malformaciones congénitas o genéticas y cuando a juicio del médico sea necesario evitar poner en riesgo la vida de la madre.
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