Sandoval Íñiguez declara por obligación pastoral

México, D.F. / Octubre 13.-
El ejercicio de su libertad y el “cumplimiento de sus obligaciones pastorales” fueron los argumentos con los que respondió el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, a la demanda por daño moral que interpuso el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en torno a sus críticas hacia los matrimonios del mismo sexo.
En la respuesta legal, se lee que el prelado, “en ejercicio de su libertad y en cumplimiento de sus obligaciones pastorales, ha levantado la voz y expresado constantemente su desacuerdo con cualquier norma jurídica, que contribuya a la desintegración de la familia y al perjuicio de la infancia”.
Agregó que el legislador y quien promulgó la Ley “debe considerar que las normas jurídicas deben ser justas y congruentes con el derecho natural”.
El arzobispo de Guadalajara culpó a los medios de comunicación por el “posible” daño moral causado por difundir sus palabras.
Además, en la respuesta se refiere al verbo “maicear”, palabra que usó el prelado sobre la relación entre el Ebrard Casaubon y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló: “No es un concepto jurídico ni tampoco una palabra que amerite una sola interpretación, es una expresión de origen popular y por lo tanto encuentra tantas interpretaciones como personas que la empleen, o tantas interpretaciones como las que le den los receptores de esa expresión”.
“Las expresiones del señor Cardenal Arzobispo Metropolitano de Guadalajara, las que realmente dijo y que se emitieron en un contexto de defensa a la familia se toman como tal”.
Y terminó: “el vocablo ‘maicear’ no tiene una sola interpretación, así que es de la exclusiva responsabilidad, decisión o carácter del intérprete, el sentido que se le quiera dar a dicha palabra. Así de sencillo”.
En cuanto al seguimiento de la demanda por daño moral, la Juez Segundo de lo Civil en el Distrito Federal y el juez Undécimo de lo Civil de Jalisco se declararon competentes para conocer el caso, por lo que la determinación de si el juicio deberá seguirse en un tribunal jaliciense o en uno de la ciudad de México corresponderá a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.