Washington, E.U. / Julio 6.-
La administración del presidente Barack Obama reiteró ayer el riesgo que corre Estados Unidos al incumplir con sus obligaciones internacionales en el caso del ciudadano mexicano Humberto Leal, quien será ejecutado el próximo el 7 de julio en el estado de Texas.
Leal, de 38 años de edad y originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue condenado a la pena capital por una corte estatal de Texas, en mayo de 1994, por la violación y la muerte de una adolescente de 16 años de edad.
“Este es un asunto de reciprocidad para Estados Unidos y por ello nos preocupa”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, en alusión al impacto negativo que tendrá éste caso en la suerte de aquellos ciudadanos estadounidenses que sean detenidos y juzgados bajo las mismas circunstancias que llevaron a Humberto Leal ante un tribunal que le sentenció a la pena de muerte.
En el momento de ser detenido, Leal no fue informado de que podía establecer contacto con el consulado mexicano. Sus abogados aseguran que la policía violó un tratado internacional al no informar a Leal que podía recibir ayuda consular.
Apenas el pasado viernes el gobierno de Obama pidió a la corte suprema posponer hasta seis meses la orden de ejecución para dar al congreso tiempo de sopesar una legislación que afectaría directamente el caso.
“Nuestra preocupación es incumplir con las disposiciones de la Corte Internacional De Justicia”, aseguró Nuland en alusión a la sentencia emitida por este organismo internacional en marzo de 2004 (el llamado “Fallo Avena”) y en el que se establece que EU violó la Convención de Viena de 1963 al no advertir a detenidos extranjeros sobre su derecho a comunicarse con funcionarios consulares.
Leal es uno de los 51 reos mexicanos condenados a muerte en este país a los que se refiere el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En caso de que el gobierno de Texas desoiga las peticiones que le han hecho llegar la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH), la ejecución de Leal sería la segunda de un mexicano aplicada en Texas en desafío al fallo de la CIJ, luego de que en marzo de 2008 la suprema corte de justicia de Estados Unidos determinó que la entidad no está obligada a acatar el dictamen de un tribunal internacional.
Tras la decisión de la suprema corte, y a pesar de las peticiones de la Casa Blanca, el gobierno de México y más de una docena de países, Texas ejecutó al mexicano José Ernesto Medellín el 5 de agosto de 2008.
Texas se ha negado a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar las leyes estatales o las de Estados Unidos.
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