Ningún gobierno puede tener buenos resultados, si el Presidente no hace una adecuada elección de los colaboradores que formarán su gabinete presidencial.
Ese ha sido uno de los problemas del gobierno de Felipe Calderón, lo que ha provocado constantes cambios de los funcionarios de su gabinete presidencial, dando como resultado que no haya un fiel seguimiento de los programa, cumplimiento de metas y compromisos en el quehacer público, situación que se agrava porque es del dominio público que el Ejecutivo Nacional tiene centralizadas todas las acciones y decisiones de Gobierno.
Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación han desfilado cuatro funcionarios: Francisco Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont y el actual, Francisco Blake Mora.
Por la Secretaría de Hacienda han desfilado dos: Agustín Carstens y el actual, Ernesto Cordero Arroyo.
Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes han pasado dos: Luis Téllez y el actual, Juan Molinar Horcasitas.
Por la Secretaría de Economía han despachado: Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari.
Por la Secretaría de Desarrollo Social, han despachado: Beatriz Zavala, Ernesto Cordero y el actual, Heriberto Félix _Guerra.
Tantos cambios de funcionarios en el gobierno de Calderón no generan certeza en su gobierno, en la relación interinstitucional y tampoco en la sociedad.
Dichos cambios ya tienen consecuencias en Tamaulipas y seguramente en otras entidades federativas, porque con el constante relevo de funcionario no hay seguimiento de proyectos y tampoco cumplimiento de compromisos contraídos.
Desde hace dos años el gobernador, Eugenio Hernández Flores, planteó al entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Tellez, la necesidad de reforzar la infraestructura del puerto de Matamoros, para detonar la producción de hidrocarburos en el golfo de México, ante las exploraciones que está haciendo PEMEX en esta zona.
También planteó que con una adecuada infraestructura podría ayudar a detonar la industria de la construcción y la industria pesada, aprovechando el puerto para la importación y exportación.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda convinieron en apoyar el relanzamiento del Puerto del Mezquital, bajo dos condiciones: que el Gobierno del Estado introdujera la electrificación y llevara los servicios de agua potable.
El Gobierno Federal asumió el compromiso de ampliar la carretera al Puerto de Matamoros, ampliar el canal de navegación y las escolleras.
El paquete de la Federación contemplaba una inversión de aproximadamente 700 millones de pesos.
El Gobierno de Eugenio Hernández Flores cumplió con sus compromiso y pidió a la Federación hacer lo mismo.
En gira por Tamaulipas, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en respuesta dijo que el proyecto del puerto de Matamoros está cancelado, bajo el argumento que la Secretaría de Hacienda, donde ahora despacha el novel economista, Ernesto Cordero, no ha dado ninguna autorización.
¿Y los compromisos contraídos con el Gobierno de Eugenio Hernández Flores?
Dichos compromisos están en el olvido, porque los nuevos funcionarios los desconocen, pues Molinar Horcasitas todavía no acaba de aprender las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y menos Ernesto Cordero, cuya presencia en Hacienda es una figura decorativa.
El presidente Felipe Calderón y sus efímeros colaboradores dejaron a los tamaulipecos y especialmente a los matamorenses colgados de la brocha, porque el Puerto de Matamoros seguirá siendo un sueño.
Manuel Espino a un paso
de su expulsión del PAN
Ninguna sorpresa causó que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN haya acordado solicitar a la Comisión de Orden del Consejo Estatal de Sonora iniciar un proceso de expulsión de Manuel Espino, expresidente nacional de ese partido.
César Nava, encargado del despacho del CEN del PAN, logró el acuerdo del Comité Ejecutivo con un voto en contra y una abstención.
Los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional discutieron el tema de la expulsión de Manuel Espino durante tres horas, tras que el Secretario General, José González Morfín, presentó el informe que elaboró sobre las actividades y las declaraciones de quien fuera su dirigente nacional durante seis años.
Dicho reporte fue pedido por el CEN, bajo el supuesto de quejas de militantes del Estado de México, en el sentido de que el duranguense estaba traicionando a su partido al hacerle críticas públicas. Una de ellas fue la acusación de corrupción en contra de militantes de esa entidad y otra por las críticas a candidatos a la gubernatura de Veracruz, Miguel Angel Yunez y José Rosas Aspurio.
En respuesta a su proceso de expulsión, Manuel Espino, en un mensaje enviado al Presidente Felipe Calderón, le dice que no logró expulsarlo directamente como habían planteado y lo retó a debatir su caso en el Consejo Nacional.
PICADILLO……..Duro paquete le espera al presidente electo de Ciudad Victoria, Miguel González Salum, porque el Ayuntamiento que preside, Arturo Diez Gutiérrez, le dejará una pequeña deuda de 40 millones de pesos, según el primer Síndico, Jesús Avila Hinojosa. Sin embargo creemos que no quieren asustar al futuro edil, porque la deuda de proveedores se estima en 100 millones de pesos y no hay quien asegure que van a saldarse. Con esa enorme carga y prácticamente cerrado el crédito, el futuro Alcalde de la Capital del Estado, tendrá serios problemas para poder emprender su gobierno a tambor batiente en esa comunidad que se encuentra en el más completo de los abandonos………En Reynosa, ciudad que gobierna Oscar Luebbert Gutiérrez, se corre el riesgo de que se presente una crisis social, sino se resuelve a la mayor brevedad posible el problema de recolección de basura que se encuentra suspendido por la empresa Pasa que tiene la concesión y que reclama un adeudo de 40 millones de pesos, los cuales desconoce el Ayuntamiento………El dirigente de los farmacéuticos de Matamoros, Onésimo Esquivel Loredo, no descartó que puede provocarse un mercado negro de antibióticos, al entrar en vigor la norma de la Secretaría de Salud que prohibe vender esos medicamentos sino se presentar una receta médica. Dijo que el compromiso de las farmacias es cumplir con la normatividad.
Discussion about this post