Dallas, Texas / Julio 17.-
Autoridades en Utah identificaron a cuando menos dos trabajadores estatales que ingresaron en una base de datos para recopilar una lista de mil 300 personas que presuntamente se encuentran en forma indocumentada en el país y que luego fue hecha pública.
Los dos empleados del Departamento de Servicios a la Fuerza de Trabajo -la dependencia que maneja programas de beneficios públicos como el de los cupones de alimentos- fueron suspendidos mientras son realizadas las investigaciones, informó el gobernador de Utah, Gary Herbert.
Al menos otros dos trabajadores están bajo sospecha, precisó la fuente.
La lista que a lo largo de 29 páginas contenía las identidades, domicilios y otros datos de los mil 300 presuntos indocumentados, fue enviada esta semana por correo en sobres sin remitente a funcionarios públicos, jefes de policía y medios de comunicación en Salt Lake City, y otras ciudades de Utah.
Los sobres fueron enviados por un grupo que se autodenomina “Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos”, una organización que no se conocía y que no proporcionó ningún dato o dirección para contactarla.
Organizaciones hispanas advirtieron que la recopilación de la lista y su intento de hacerla pública, constituye “un peligroso giro” en las tácticas utilizadas hasta ahora por grupos antiinmigrantes.
“La liberación de esta información, información sensible es deplorable”, dijo el gobernador Herbert en un comunicado este viernes.
“Nosotros inmediatamente tomamos acción para descubrir los orígenes de esta lista”, indicó. “Cuando alguien conduce un asunto con el estado de Utah, merece saber que su información privada será mantenida en privado”, dijo Herbert.
El gobernador informó que el estado no investigará a ninguna de las personas que fueron incluidas en la lista, al explicar que una averiguación en este sentido sería una decisión del gobierno federal. “Es su responsabilidad, no la nuestra”.
En tanto el procurador general de Utah, Mark Shurtleff, informó este viernes que ha iniciado consultas con las autoridades federales para determinar si alguien debe ser procesado en las cortes estatales o federales o en ambas.
La distribución de la lista puede constituir un delito estatal y federal serio, indicó Shurtleff.
El autodenominado grupo “Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos” argumentó en una carta incluida junto con la lista de nombres, que identificaba a los indocumentados ante las autoridades para demandar su inmediata deportación del país.
En la lista se incluyen las fechas de nacimiento de las mil 300 personas, de lo que se deduce que 201 de ellos son niños. También identifica a mujeres que están embarazadas y las fechas programadas para su parto, además de sus lugares de trabajo.
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