Dallas, Texas / Julio 13.-
El gobernador de Texas, Rick Perry, declinó asistir a la Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos, si ésta no se realiza en Arizona, con lo que intenta frustrar los esfuerzos para salvar el evento.
Los gobernadores de Nuevo México, Bill Richardson, y de California, Arnold Schwarzenegger, buscan rescatar la Conferencia, luego que la reunión, programada en un inicio para septiembre próximo en Phoenix, fue cancelada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
Brewer canceló el encuentro luego de que los gobernadores mexicanos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas decidieron boicotear la cita si ésta se realizaba en Arizona, tras la promulgación de la ley SB 1070, que criminaliza a los indocumentados.
Richardson sugirió la semana pasada trasladar la sede de la reunión a alguna otra entidad o incluso a un punto neutral como Washington D.C., acción que fue respaldada por Schwarzenegger.
Perry, sin embargo, optó por apoyar a Arizona, al sostener que es su turno de realizar la conferencia.
“Hablé con Jan (Brewer) y le dije: ‘escucha, no vamos a ir a la reunión. Independientemente de lo que cualquiera esté diciendo, vamos a apoyarte’”, reveló Perry en declaraciones al comentarista Neil Cavuto de la cadena de televisión Fox Business Network.
“Si otros gobernadores deciden que no quieren ir en algún tipo de protesta, francamente, ese es su negocio y es su pérdida”, señaló Perry.
“Esa es mi palabra a ella. No voy a estar allí”, aseguró el gobernador de Texas.
Sin embargo, el respaldo a Arizona se da luego que el pasado sábado en un discurso ante los asistentes a la reunión anual del Concilio Nacional de la Raza en San Antonio, Perry declaró su repudio a la ley de inmigración SB 1070.
Perry dijo a la audiencia, integrada por cientos de activistas hispanos, que se opondrá a que en Texas se trate de adoptar una ley similar a la de Arizona.
“Tal vez sea adecuado para Arizona, pero no es exactamente correcta para Texas”, dijo el gobernador.
La ley SB 1070 de Arizona, que enfrenta una serie de demandas legales, declara como delito estatal el ser inmigrante indocumentado y autoriza a las policías locales detener a personas sospechosas de serlo.
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