Nueva York, E.U. / Julio 8.-
La administración del presidente Barack Obama no ha sido clara sobre su agenda de migración, pero fue directa al impugnar la ley SB 1070 de Arizona, consideró hoy el periódico The New York Times al saludar la toma de postura oficial.
El diario expresó su beneplácito por la acción de Obama, al enfatizar que el mandatario dejó claro que sólo el gobierno federal puede establecer o hacer cumplir la política migratoria.
Sin embargo, “Arizona ha cruzado esa línea constitucional”, estableció la demanda interpuesta por el gobierno federal contra la ley SB 1070 que fue aprobada por dicho estado en abril pasado.
El rotativo indicó que no hay nada complicado sobre el principio de que el gobierno federal sea quien controle la inmigración, ya que es un fundamento basado en la Constitución, en la leyes del Congreso y las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia durante años.
Agregó que un mosaico de políticas estatales y locales de inmigración podría causar estragos en la nación.
Mientras el Departamento de Justicia realiza la denuncia, la ley de Arizona destina recursos del gobierno para perseguir extranjeros peligrosos, incluidos terroristas, espías y criminales violentos.
La SB 1070 autoriza a la policía estatal cuestionar el estatus migratorio de las personas al solicitar a inmigrantes, visitantes y ciudadanos que tengan sus documentos migratorios cuando sean detenidos por violaciones locales.
El periódico agregó que esa ley ignorará las preciadas protecciones de asilo que tiene el país e interferirá con los intereses nacionales de la política exterior.
The New York Times subrayó que tras la aprobación de la ley SB 1070, varios gobernadores mexicanos se han negado a reunirse con sus homólogos estadunidenses en Arizona, lo que es interpretado como una señal del caos diplomático provocado por esa legislación.
El rotativo citó una serie de casos en los que los tribunales en repetidas ocasiones han reafirmado y aclarado los derechos fundamentales.
Recordó que en 1997, un tribunal federal anuló la Proposición 187 en California, que negaba los beneficios sociales a los inmigrantes indocumentados y convertía a los empleados estatales en agentes de control.
La Corte Suprema indicó que la autoridad federal puede anticiparse a la ley estatal cuando el interés federal es dominante y donde ya existe un sistema de regulaciones federales.
El diario consideró que el gobierno ha hecho un mal trabajo para imponer sus normas de migración, pero es claramente bajo lo comprendido en lo que la Constitución denomina “la ley suprema del país”.
La demanda federal no alega ninguna discriminación o violaciones de los derechos civiles en la ley, en parte porque en ese caso es difícil debido a que la ley no entrará en vigor, sino hasta el próximo 29 de julio.
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