México, D.F. / Junio 19.-
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, consideró que en el caso de los hermanos Almanza Salazar, muertos en una carretera del estado de Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no registró todas las evidencias existentes.
La CNDH señaló que fueron balas de militares las que quitaron la vida a los dos menores —el 3 de abril en un retén en la carretera al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas— sin embargo, Gómez Mont desestimó el informe al señalar que está descontextualizado e incompleto.
La investigación del organismo “aceptada por ellos mismos, dice que no tiene todas las versiones, sino sólo unas. Yo lo que digo es que la valoración que se haga de esa recomendación se tiene que reconocer que está descontextualizado, que es cierto que parte de ese problema es que no puede conocer las indagatorias que hace la autoridad en este tipo de investigaciones y que así lo ha dispuesto la ley, es cierto”.
Defendió que la CNDH no pueda tener acceso a información de las autoridades investigadoras, porque así lo marca la ley en cuanto a la secrecía.
Sobre la hipótesis de que la escena del crimen fue alterada por militares, el secretario de Gobernación dijo que estos casos suelen presentarse por falta de entrenamiento y “no por dolo o por mala intención”.
Recordó que esos hechos suelen presentarse en un contexto de violencia lo que genera una afectación de la escena del crimen, por lo que se deben buscar ciertas reglas mínimas para que no se alteren las pruebas y los peritos puedan realizar su trabajo.
Rechazan polémica
La CNDH insistió en que la investigación y recomendación sobre la muerte de los menores Martín y Bryan Almanza Salazar fue “seria y objetiva”. Descartó entrar en polémica.
Amnistía Internacional (AI) respaldó los resultados de las indagatorias del organismo defensor y sostuvo que “es esencial que el gobierno no debilite la investigación, sino que apoye una indagatoria penal civil completa e imparcial”.
“Es un duro recordatorio de que todos los casos de violaciones de derechos humanos en los que se implica a militares deben ser investigados de manera minuciosa, transparente e imparcial, y juzgados por el sistema de justicia civil”, dijo Kerrie Howard, directora para las Américas de AI.
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