Mérida, Yuc.-
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, consideró que el gran reto de las recientes reformas en materia penal es que se traduzcan en hechos y resultados para los ciudadanos.
“La reforma es importante, pero más aún es su traducción en hechos y resultados, particularmente en un mejor y renovado sistema de justicia penal que permita resolver muchos de los problemas que todavía enfrenta el país y que la sociedad sin duda está demandando soluciones adecuadas”, abundó.
Al participar en la “Jornada Regional sobre Justicia Penal y Derechos Humanos”, desarrollada en el edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), destacó que estos cambios se deben orientar a promover el respeto a la dignidad humana y los derechos de las personas.
“Justicia penal y derechos humanos conforman un equilibrio idóneo para buscar, en buena medida, aplicarse consecuencias a quien se ha desviado del sentido de la ley pero que sea en respeto de la dignidad humana y de los derechos que le corresponde a toda persona”, mencionó.
Sin embargo, aclaró que esta búsqueda debe orientarse “no cualquier clase de justicia, sino pronta, completa e imparcial y particularmente un sistema de justicia penal que permita llevar ante el mismo a los responsables de los delitos y se evite criminalizar a quienes son inocentes”.
Plascencia Villanueva llamó a sumarse a estos debates, pero también a la promoción y lucha en favor de los derechos humanos, pues “sólo así podremos arraigar en cada mexicano la conciencia sobre los deberes que tienen para con los demás.
Pero al mismo tiempo, “sobre todo la certidumbre de los derechos que acompañan a toda persona y que le asisten por el simple hecho de ser persona”.
Recordó que estos encuentros se han desarrollado con antelación en Saltillo, Toluca y Guadalajara para “promover mayor conocimiento, reflexión y análisis de la importante reforma constitucional en materia del nuevo sistema penal”.
Pero también, algo más importante, dijo, “es cómo deberá implementarse el código nacional de procedimientos penales recientemente publicado, que demanda que todos conozcamos y estemos en condición de llevarlo a la práctica”.
Posteriormente, el ombudsman encabezó la firma de un convenio, junto a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) con 27 organizaciones sociales, orientado a establecer una agenda de trabajo en beneficio de los grupos en situación de vulnerabilidad de la entidad.
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