México, D.F.-
Peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) ya laboran en Sonora, para determinar las causas del derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado que contaminó el río Bacanuchi, y que ha afectado a más de 20 mil personas de al menos seis municipios de la entidad que no han podido abastecerse de agua del afluente.
Autoridades federales confirmaron que a partir de la denuncia que presentó en días pasados la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en contra de la minera Buenavista del Cobre o Minera México, para que se deslinden responsabilidades por la comisión de delitos ambientales, el Ministerio Público de la Federación inició las diligencias para investigar los hechos.
Detallaron que se envió a un grupo de expertos de la Coordinación General de Servicios Periciales, entre ellos especialistas en química, criminalística, y fotografía, que trabajan de forma coordinada con las autoridades ambientales, a fin de establecer las causas del derrame y el grado de afectación que han generado los 40 mil metros cúbicos de sustancia que contaminó el río Bacanuchi.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales de la PGR, es la encargada de estas pesquisas, tras la denuncia que presentó la Profepa contra Minera México por delitos contra el ambiente, que de acuerdo con el Código Penal Federal pueden alcanzar sanciones de hasta nueve años de prisión contra los presuntos responsables.
Además de la investigación penal que realiza ahora la PGR sobre el derrame que se detectó el 6 de agosto pasado, la Profepa inició un procedimiento administrativo por violaciones a la Ley General de Gestión de Residuos, que además dio a conocer que en un juicio por Responsabilidad Ambiental que podría entablarse, la empresa podría hacerse acreedora a una sanción económica por alrededor de 40 millones de pesos, “independientemente de la reparación de los daños ambientales ocasionados por la emergencia ambiental”.
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