Washington, D.C.-
Entre 1.6 y 4.3 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, podrían beneficiarse de una acción ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, de acuerdo con un estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI).
El total de beneficiarios dependerá de si Obama ofrece algún alivio migratorio a los padres o esposos de ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes o elegibles bajo el Programa de Acción Diferida (DACA).
“El número de individuos beneficiados depende en primer lugar de la duración de la residencia en Estados Unidos, declinando rápidamente si la ayuda migratoria se limita a aquellos con 10 años o más de residencia”, concluyó el análisis.
Obama prometió que anunciaría una acción ejecutiva sobre la política migratoria de Estados Unidos antes de que termine el verano, ante la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Congreso en torno a la reforma migratoria y el éxodo de menores centroamericanos.
La Casa Blanca reportó esta semana que el presidente, quien se encuentra en gira por Estonia y Gales, no había recibido hasta ahora la recomendación final del secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson.
Entre las propuestas enviadas a la Casa Blanca por organizaciones defensoras de los migrantes figura modificar las reglas para contabilizar el techo de 366 mil visas legales anuales, así como hacer extensivo el programa juvenil DACA a indocumentados adultos.
Aunque el estimado oficial de inmigrantes indocumentados asciende a 11.7 millones, el número de posibles beneficiarios se reduciría a 9.6 millones si se exige tener cinco años de residencia; a 6.6 millones con 10 años y a 3.4 millones con 15 años mínimos.
Con base en un análisis de posibles escenarios, el MPI señaló que 3.4 millones de migrantes indocumentados adultos se beneficiarían si Obama otorga alguna forma de legalización a los padres de ciudadanos estadounidense menores de 18 años.
La cifra de potenciales beneficiarios aumentaría a 3.6 millones si se incluye a los padres de los residentes legales permanentes y a 3.68 millones si se agrega a los progenitores de jóvenes elegibles al programa DACA.
Sin embargo, los números serían significativamente menores si Obama impone criterios de residencia mínimos de cinco, 10 o 15 años. En el ultimo escenario, sólo 1.3 millones de indocumentados padres de ciudadanos menores de edad serían elegibles.
En contraste, el total de beneficiarios ascendería a 3.7 millones de personas si se agrega a los cónyuges de ciudadanos o ciudadanas estadounidenses.
En caso de que la administración Obama ofreciera alivio sólo a los padres de ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años, el número global de personas elegibles caería a menos de 1.3 millones.
Por otro lado, si el presidente estadonidense decide ampliar los criterios de elegibilidad bajo el DACA, que actualmente beneficia a 1.2 millones de jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años, la cifra de beneficiarios adicionales sería de 1.9 millones.
Otros migrantes indocumentados podrían beneficiarse, por ejemplo, si el Departamento de Seguridad Interna (DHS) modifica las prioridades de la política de deportaciones, que ascendieron a 2.8 millones entre 2003 y 2013.
Si las deportaciones eliminaran a aquellos migrantes indocumentados convictos por crímenes no violentos, el número de repatriaciones habría bajado a 2.4 millones de personas.
El MPI aclaró que sus proyecciones no incluyen el universo completo de variaciones que podría decidir el presidente, ya sea que actúe solo o en combinación con el Congreso.
“Lo que sí está claro a partir de nuestro análisis es que el alcance e impacto de una acción ejecutiva sería determinado por los detalles de quienes resulten elegibles”, destacó el instituto.
Aunque Obama ofreció presentar su decisión antes del verano, varios senadores demócratas lo han presionado para que difiera el anuncio hasta después de las elecciones legislativas de noviembre, a fin de evitar que el tema sea usado como munición en comicios competidos.
Hasta el momento, la Casa Blanca ha rehusado dar un calendario preciso del anuncio, pero ha rechazado públicamente que exista una decisión para prorrogar la decisión por consideraciones electorales.
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