Extinción de dominio 

¿Le gustaría que la policía derribara la puerta de su casa para realizar un cateo sin orden judicial, con base en suposiciones, con los posibles abusos y decomiso de objetos de valor sustraídos como  “prueba del delito”?
Esto quería legalizar el Gobierno panista con una iniciativa que el Congreso rechazó el año pasado. 
La iniciativa de Ley para la Extinción de Dominio del Gobierno contiene barbaridades jurídicas semejantes a la anterior; por ejemplo: 
Si usted renta su casa y en ella se comete algún delito de los tipificados como de delincuencia organizada, puede ser incautada y sujeta al proceso de extinción de dominio, es decir a la pérdida de los derechos de propiedad, basado en que usted pudo haber tenido conocimiento del uso que se le daba al bien sin denunciarlo oportunamente ante el ministerio público, con la posibilidad de que lo arraiguen como presunto cómplice de los delincuentes. 
Para librarse de lo anterior, usted enfrentaría varios problemas. Primero, probar que actuó de buena fe, que no sabía del uso que se le daría al bien y que no tuvo conocimiento oportuno de lo que sucedía. Cabe aclarar que al que le toca probar la mala fe es al ministerio público y no al ofendido; en cambio, a la autoridad le bastaría presentar el testimonio de un testigo protegido para iniciar el proceso; es decir, al ciudadano le tocaría la carga de la prueba y la presunción de inocencia se convertiría en culpabilidad. 
Segundo, suponiendo sin conceder, que hubiera tenido noticias de que algo ilegal sucedía con dicho bien, ¿se atrevería a presentar la denuncia ante el ministerio público con la fama de que alrededor de esos círculos es común el nexo con los delincuentes, con lo cual podría poner en peligro su vida o la de sus familiares? 
Tercero, en caso de que no se atreviera a denunciar y esperara la terminación del contrato para obtener una orden judicial de desahucio, ¿Cree que el lanzamiento se realizaría sin consecuencias para usted?
Cuarto, si en la causa penal no se prueba la culpabilidad de los presuntos delincuentes, es posible que después de muchas gestiones le devuelvan el bien con el clásico  “usted perdone” y sin derecho a indemnización y pago de daños y perjuicios. 
¿Complicado, no? pues bien, como esas hay otras “linduras” en la Iniciativa. 
Por ello, el PRI y otros partidos se opusieron a aprobarla incondicionalmente, a pesar de los chantajes y provocaciones de ciertos dirigentes panistas.
A fin de destrabar el impasse, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado presentó en Comisiones una serie de enmiendas, que de ser aprobadas por el Congreso, equilibrarían el proceso a fin de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos tales como: la garantía de audiencia, la carga de la prueba rescatando la presunción de inocencia, el
derecho a la indemnización, la responsabilidad de la Institución del Ministerio Público para evitar que este instrumento se use para amenazar o extorsionar a los ciudadanos, incorporar elementos de certeza y seguridad jurídica para impedir que el bien se pueda extinguir con meros  “indicios”  o  “presunciones”,  asegurar la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas, entre otros.
En la lucha contra el narcotráfico debemos colaborar todos, sin dudas ni regateos; es un asunto de supervivencia como sociedad democrática y civilizada; atañe a la soberanía como país;  y requiere del rescate de la credibilidad y fortaleza de las instituciones.
Por ello, no se vale imitar a Bush con posiciones maniqueas de “si no estás conmigo, estás contra mí”, y menos dar pie al autoritarismo y a estados de excepción de facto.
Si el Presidente de la República desea, con razón, que lo apoyen todos los sectores en este combate, debe actuar como Jefe de Estado y no permitir que líderes de su partido rebajen la lucha a una mera contienda electoral de buenos y malos, enlodando el proceso con mentiras y provocaciones en un afán cortoplacista de recuperar votos, azuzando la discordia, polarizando la discusión y contribuyendo a la inestabilidad política y social, en un momento en el que se conjugan las amenazas del crimen organizado, con el resentimiento popular originado por desigualdades sin corregir y la peor crisis económica que hayamos visto.