México, D.F.-
México entregó un millón de dólares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar con el proceso de la conformación del grupo de especialistas que dará seguimiento a las investigaciones por el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, los pasados 26 y 27 de septiembre.
Este es el primer monto que México tendrá que erogar para que ésta asistencia técnica se concrete, y el gasto total dependerá del tiempo que dure el trabajo y del número de personas que lo conformen.
Autoridades mexicanas, entre ellas las de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se encuentran en espera de que la CIDH dé a conocer los nombres y el inicio de las funciones del grupo de especialistas.
Según el acuerdo de cooperación firmado entre la CIDH, lo afectados de Ayotzinapa, las Secretarias de Gobernación y Relaciones Exteriores junto con la Procuraduría General de la República (PGR), sería el Estado mexicano el responsable de invertir todos los recursos para esta asistencia.
Se prevé que en los próximos días la CIDH haga el anuncio respecto del grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos.
El equipo, que realizará una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas, tendrá en un principio un mandato de seis meses.
El artículo 10 del acuerdo señala textual: “A solicitud del estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares la asistencia técnica dará inicio de inmediato, el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo”.
El acuerdo refiere que en consulta con la CIDH y las partes, los primeros tres meses el grupo elaborará recomendaciones operativas continuas sobre la búsqueda de los normalistas, la investigación y la atención a las víctimas.
En el punto 12 del documento se deja asentado que el estado se compromete a cubrir todos los gastos en que incurra el grupo, garantizando en todo momento su plena independencia y autonomía de gestión.
Se conformó además un grupo interinstitucional de alto nivel con capacidad para encauzar las recomendaciones y necesidades operativas de los expertos.
El acuerdo firmado el 12 de noviembre y oficializado el 18 del mismo mes tiene tres líneas fundamentales de atención: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas.
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