México, D.F.-
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió este lunes a las comisiones de Relaciones Exteriores de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como a la Segunda Comisión de la Permanente, el oficio de la Secretaría de Gobernación, donde notifica el viaje que el presidente Enrique Peña Nieto, hará en enero a la ciudad de Washington D.C.
En la comunicación que envió la secretaría de Gobernación se informa que el jefe del Ejecutivo se ausentará del territorio nacional el lunes 5 y martes 6 de enero de 2015, a efecto de atender la invitación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para realizar una visita oficial.
En el documento recibido este lunes por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión precisa que la visita del presidente Peña Nieto tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la asociación estratégica entre ambos países, además de dar seguimiento a los logros alcanzados en el marco de los mecanismos de diálogo bilateral acordados por ambos países en mayo de 2013.
El texto recibido por los legisladores detalla que ambos mandatarios revisarán los avances alcanzados en el marco de la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo 21, así como el estado que guarda la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama examinarán en el encuentro programado los primeros días de enero los temas que tratarán en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse en 2015, en Canadá, así como los acuerdos de la última Cumbre.
Sobre el tema, la diputada del PAN, Adriana González Carrillo, pidió al titular del Ejecutivo recordar al presidente Barack Obama que Estados Unidos debe aplicar la ley sobre la exportación de armas en su territorio y “cese el flujo ilegal de armas a México y América Central”, dado que es un tema que le preocupa al Congreso de la Unión.
De igual forma, expresó la necesidad de que el Presidente contemple en su agenda, el caso Avena y los 51 condenados a pena de muerte en ese país, pues el fallo ganado por México contra Estados Unidos, obliga a detener las ejecuciones de mexicanos, particularmente en Texas, donde ocurren extrajudicialmente, conforme al derecho internacional.
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