Hermanos Bribiesca incurrieron
en tráfico de influencias, aseguran

La comisión especial de diputados que investiga la legalidad de los negocios de los hermanos Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, concluyó que las empresas Construcciones Prácticas y Fénix Administración de Activos, S de RL de CV, obtuvieron ilegalmente contratos y millonarias ganancias por subastas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Según el informe de conclusiones de la “comisión especial encargada de revisar la legalidad de los contratos otorgados por organismos descentralizados a la empresa Construcciones Prácticas, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma”, los hermanos Bribiesca triangularon negocios por medio de empresas y el IPAB para ganar las mejores subastas a precios muy por debajo de lo valuado.
Se denuncia que era obvia la relación de parentesco de los operadores de la empresa Construcciones Prácticas con la familia presidencial, lo que configura el delito de tráfico de influencias durante el proceso.
El documento contiene 12 conclusiones y algunas recomendaciones, entre las que se encuentran ejercer acción penal en contra de los servidores públicos vinculados a los contratos con la empresa Construcciones Prácticas, así como una auditoría externa al IPAB. “Para determinar si el IPAB cumplió con el seguimiento que de acuerdo a la ley debe observar en los procesos de subasta y licitaciones, sin menoscabo de las responsabilidades que se deban fincar a los servidores públicos involucrados”, señala el documento.
Con base en el informe, el IPAB no cumplió con las funciones que tiene encomendadas, consistentes en vigilar permanentemente el desempeño del tercero especializado Fénix Administración de Activos, según lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
“Los contratos celebrados por Fénix Administración de Activos con la empresa Construcciones Prácticas son ilegales, por tener vicios de origen, derivados de la falta de observancia a las sanas prácticas que en cualquier tipo de subasta y licitación en los que se manejen recursos públicos, se deben hacer valer, como son la concurrencia, igualdad y publicidad.
“Lo que no se cumplió al tener acceso al ‘cuarto de datos’ con anterioridad a que fuera aprobado para concursar, motivo por el cual este procedimiento resulta irregular e ilegal, por contravenir lo dispuesto con las bases de licitación”, señala el proyecto de conclusiones de la comisión.
En la propuesta de Elías Cárdenas, diputado de Convergencia que encabeza la comisión especial, se evidencia que en el caso de la subasta de un predio rústico se realizó un trámite irregular.
“Precisando que la persona que asumió dichas obligaciones mantenía y tiene un parentesco por afinidad con el entonces titular del Ejecutivo federal, lo que le impedía participar en cualquier etapa del proceso de subasta… sin que ningún servidor público haya notificado de esta situación de conflicto de intereses”.
Así, la comisión detalla, una a una, las ilegalidades de cada contrato que, por vía directa o por empresas terceras, Construcciones Prácticas obtuvo en el sexenio de Vicente Fox.
“Se deja en evidencia que en todo momento se violentaron las disposiciones legales que rigen las subastas y licitaciones públicas… resulta procedente iniciar los procesos administrativos y judiciales correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados del IPAB, que se condujeron con reticencia y de forma omisa ante las irregularidades advertidas”.
Según el proyecto de conclusiones de la comisión legislativa, es procedente cancelar todos los contratos firmados con Construcciones Prácticas.
“Que se invaliden los contratos produciendo su nulidad absoluta, la cual puede y debe ser invocada por el propio Ejecutivo”, se advierte en las conclusiones de la comisión.