Cancún, QR.-
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) podría fincar responsabilidades contra ex funcionarios estatales por el proyecto Dragon Mart.
El 6 de septiembre de 2012, autoridades de Quintana Roo otorgaron permisos locales para que los promotores de Dragon Mart pudieran deforestar un predio de 561 hectáreas de manglar, planta protegida a nivel federal y es un delito que se persigue de oficio.
Por esta acción, la Profepa inició un juicio de lesividad en contra de su delegación en Quintana Roo; “una vez que se resuelvan en definitiva los juicios y, se tengan mayores elementos, se valorará la posibilidad de iniciar los procedimientos que en derecho correspondan, tendientes a determinar y fincar la probable responsabilidad de los ex servidores que, en su caso, se consideren como presuntos responsables”, indicaron autoridades de la dependencia federal.
Un juicio de lesividad se promueve en contra de actos dictados por autoridades administrativas, aun cuando se encuentren a favor del particular, atendiendo al principio de seguridad jurídica y de legalidad que obliga a que todo acto de autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento.
Funcionarios de Profepa explicaron que, si bien las demandas de lesividad no se dirigen en contra de funcionarios, sino abarcan sus actos de autoridad, los resultados pueden dar pie para fincarles responsabilidades.
En la semana Profepa clausuró el proyecto Dragon Mart y aplicó sanciones a sus promotores; en respuesta, éstos dijeron que no harán caso, pues interpusieron una demanda de nulidad ante un tribunal, en contra de esas sanciones. La Profepa aclaró que el recurso jurídico “no suspende las medidas impuestas, ni autorizan a la empresa sancionada para su incumplimiento”.
