México, D.F.-
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó al órgano interno de control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que investigue y suspenda temporalmente a servidores públicos federales en Quintana Roo, quienes participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
También pidió al gobierno de Quintana Roo y al ayuntamiento de Benito Juárez que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas a ese proyecto comercial a fin de constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
El procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez, explicó al órgano interno de control (OIC) de la Semarnat que la Profepa promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dos juicios de lesividad para obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento señala que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la delegación federal de la Procuraduría en Quintana Roo, eximieron indebidamente al proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Asimismo, indica que un nuevo estudio recientemente realizado con la participación de la Semarnat y otros organismos especializados como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirman que el denominado predio El Tucán es un terreno de vocación forestal.
Está también reconocido como un ecosistema costero y es además una zona de refugio de aves catalogas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en condición de riesgo.
En los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y al edil de Benito Juárez, Paul Michel Carrillo, el procurador Haro Bélchez solicita que ambos inicien los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al proyecto.
Haro Bélchez solicitó al gobernador y al alcalde que en caso de comprobar la existencia de inconsistencias en la emisión de dichas autorizaciones, realicen las acciones pertinentes conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades legales correspondientes.
Discussion about this post