México, D.F.-
Incrementa en la ciudad de México el número de niños infractores de seis a 12 años de edad que cometen abuso sexual, robo a casa habitación, a transeúnte y violación, según datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Fiscalía Central de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Para inhibir esta problemática, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó diversas disposiciones al Código Civil y de Procedimientos Penales para que los menores en conflicto con la ley ya no sean recluidos en los Consejos Tutelares para Menores. Ahora serán remitidos y atendidos por el DIF-DF.
El dictamen que fue presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, contempla además que —dependiendo de la gravedad de los daños físicos y psicológicos de los menores— se podrán suspender los derechos de paternidad de manera definitiva.
Aunque se advierte sobre un incremento delictivo en los menores, en el dictamen no se determina en qué porcentaje, pues se limita a señalar que en 2013, el DIF reportó de enero a mayo cerca de 106 averiguaciones previas, de las cuales 22 fueron abiertas por niñas y 84 por niños.
El diputado local Gabriel Godínez Jiménez, integrante de la comisión, dijo que está comprobado que en los sistemas de tratamiento de menores infractores, el exceso de rigor no es un factor para disminuir la delincuencia ya que sólo capta una parte del conflicto sin alcanzar el trasfondo social y personal de los infantes.
“Estas modificaciones a los códigos nos permitirán tener una legislación menos inquisitoria con los menores, además de que garantizará los derechos de niñas, niños y adolescentes que están en conflicto con la ley”, precisó el perredista.
Argumentó que el descuido por parte de los padres, el bajo rendimiento escolar y la falta de límites en la educación provocan el incremento de menores infractores
Godínez comentó que ahora el juez de lo familiar que lleve un caso de niños en conflicto con la ley podrá tomar medidas para garantizar la enmienda, seguridad y buena crianza del menor, desde recomendar asesorías psicológicas, reinsertarlo con un familiar alterno o con una familia distinta, hasta retirarle a sus progenitores, temporal o definitivamente la patria potestad.
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