Iguala, Gro.-
Son las 13:40 horas. La temperatura que marca el termómetro indica 36 grados centígrados, pero todo quema; sofoca, desde ver a los elementos de la Gendarmería Nacional que hacen funciones de tránsito, hasta los motociclistas con bolsas atravesadas que toman fotografías si detectan algo extraño.
En Iguala “el miedo está presente”, dice una señora que baja de un taxi en la plaza de las Tres Garantías, donde se observa que el ayuntamiento destrozado el 22 de octubre de 2014 por las organizaciones que exigen la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya fue pintado. Las leyendas contra el ex edil, José Luis Abarca, fueron borradas por la pintura gris que recubre las paredes.
Han pasado cinco meses y seis días de que policías municipales y de Cocula —un ayuntamiento a 20 minutos de este sitio— asesinaron a seis personas y desaparecieron a 43 estudiantes; cuatro de que la federación tomó el control de la seguridad, tres del anuncio del reforzamiento federal para Tierra Caliente, que incluye Iguala, pero en los diarios locales se observa que no hay garantías de que el Ejército y la Gendarmería resguarden la zona. La gente coincide en que del primer cuadro de la ciudad “los gendarmes no pasan”.
La música de campanas, tranquila, melodiosa, de la iglesia de San Francisco, de este municipio donde viven más de 130 mil personas, según el último censo, contrasta con la portada de un diario local donde aparece la imagen sangrienta de un joven de 20 años. La fotografía impacta, pero se abre el periódico y lo que hay dentro se ve aún más espantoso: dos ancianos, de 64 y 67 años, yacen en el piso de una sala, cubiertos de sangre. Son dos maestros jubilados “que no se metían con nadie”.
En siete días han ocurrido 19 homicidios; un militar murió de una caída en un combate, mientras que hay cinco heridos por enfrentamientos en hospitales de esta ciudad. Varias personas opinan que hay reacomodos de la delincuencia, desde que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron vinculados de forma directa con la banda Guerreros Unidos. Los Rojos se apoderan de la zona a través de un cártel de nombre Sierra Unida Revolucionaria (SUR).
Frente a la alcaldía hay una carpa donde se observan fotografías de los 43 normalistas desaparecidos desde hace cinco meses; del maestro Claudio Castillo Peña, quien murió luego del desalojo del 24 de febrero en Acapulco; los niños juegan en ese cuadro. Uno, que maneja una bicicleta, merodea por donde se ve la imagen del rostro golpeado de Claudio Castillo.
La gente es indolente, pasiva, ven que la tempestad pasa por sus casas y no se inmutan, denuncia Ignacio Suárez del Bloque, quien es democrático de organizaciones sociales, que todos los días coloca un tendedero con fotografías de la barbarie en Guerrero en los últimos días. Condena los hechos de violencia. Coincide, igual que unas 20 personas, que el despliegue de mil elementos de la Gendarmería han servido “de tránsitos”, porque el cuerpo de policías municipales no han regresado a sus funciones.
Los policías se pasean en la plaza y no van a colonias de la periferia.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) también condenaron el asesinato de los maestros jubilados y aseguraron que la violencia está incontenible a pesar de la presencia de la Gendarmería. “Exigimos castigo a los responsables de esos hechos. ¡Qué actúe la Gendarmería!, tardan mucho en llegar al llamado en las colonias donde sí se necesitan… No contribuyen a que baje la inseguridad”.
El sol reduce las fuerzas y el miedo se trepa al cuerpo, cuando los habitantes señalan: “¡Esos de las motos son halcones, informantes, si te toman fotos, te chingaste!”. Es afuera de la calle Isidro Lagunas de la colonia Educación, si no fuera un reporte oficial, parecería que aquí no hubo muertos ni violencia; todo parece normal.
Las cuatro personas que fueron asesinadas en esta casa: Marco Robles Rojas, de 67 años, maestro jubilado; Marcos Robles Lenin, de 39, maestro; Carlos Robles Ávila, de 20, estudiante, y Arminda Ávila Sánchez, de 64, mentora jubilada. No sólo se esfumaron, también del recuerdo de los vecinos que dicen: “Aquí no ha pasado nada”.
No hay operativos policiacos. A pesar de que la colonia Educación está a tres cuadras del zócalo, no se ve la Gendarmería. Se recorren las colonias 23 de Marzo, Tamarindos, donde en los últimos días han ocurrido asesinatos y lo mismo.
“Es una violencia silenciosa, que ya ha normalizado la gente”, comenta Ignacio Suárez. A él tampoco le parece normal que haya tiendas y escuelas abiertas cerca de donde hubo matanza. La vida tiene que seguir, pero no en esas condiciones, comenta.
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