Torreón, Coah. / Mayo 21.-
El despido de 302 policías preventivos causó polémica y dividió opiniones. Mientras abogados afirmaron que no se siguió un adecuado procedimiento, empresarios lo califican de un acierto que beneficia a los ciudadanos.
El Abogado Fernando Rangel de León, que se apresta a defender a regular cantidad de cesados, consideró que la decisión de separarlos de su trabajo pudiera vulnerar algunos derechos laborales.
Aun cuando la finalidad del alcalde, José Ángel Pérez Hernández sea muy buena, las formas para tomar esa decisión no se apegaron a sus derechos de trabajo porque no se les siguió un procedimiento legal, sino que se hizo con un fin mediático al correrlos masivamente.
Indicó que el edil pretexta el despido por “pérdida de la confianza”, cuando ésta no es una causal de cese justificado porque no está previsto en la ley.
Los 302 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fueron despedidos por no acudir al examen antidoping, causar daños al Sistema Global de Posicionamiento (GPS) y quejas por corrupción, entre otras irregularidades.
Por su parte, Arturo Gallegos Salcido, ex presidente de Coparmex-Laguna dijo que las autoridades municipales se habían tardado en despedirlos, “porque un trabajador que viola el reglamento de su fuente de empleo debe ser cesado en automático”.
Más en este caso, cuando como servidores públicos no correspondieron a la confianza que las autoridades depositaron en ellos que fallaron en su labor de salvaguardar la tranquilidad de una sociedad golpeada por la delincuencia.
Al causar desperfectos al GPS, mostraron su deslealtad fuera de la institución policíaca, lo cual es sumamente grave, dijo.
Señaló que el Presidente Municipal mostró con esta decisión una postura valiente al enfrentar un problema que se le estaba saliendo de las manos.
“Él tiene el apoyo de la sociedad que quiere un gobierno que lo gobierne con responsabilidad y reglas claras para que se haga cumplir la ley”, reveló.
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