México, D.F.-
El gobierno federal y los principales representantes de organismos empresariales y sindicales del país están abiertos al debate sobre salarios mínimos, pero esto se debe hacer por las vías institucionales y legales.
En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, leyó el pronunciamiento conjunto que suscribió con los dirigentes patronales y obreros.
Expuso que se parte del reconocimiento de que en los últimos 30 años México ha tenido un crecimiento medio anual de 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), así como una disminución anual de la productividad de 0.4 por ciento.
A ello se suma que las tasas de crecimiento de la población y de la inflación no han permitido reducir la pobreza ni mejorar las condiciones de empleo tampoco el bienestar social de los mexicanos.
Por eso en el país se hace necesario crecer económicamente de manera sostenida y a través de la productividad y reducción de la informalidad, atender el problema de pobreza y el bajo ingreso de los trabajadores.
El gobierno de la República y diversos sectores productivos consideran que las reformas estructurales recién aprobadas son fundamentales para el desarrollo del país, pues sientan las bases para aumentar la competitividad.
Asimismo promover mayores inversiones, incrementar su productividad y generar más y mejores empleos para elevar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.
En este marco resulta importante el diálogo social entre los factores de producción para que las organizaciones de trabajadores y empleadores se expresen y sus propuestas se traduzcan en decisiones y transformaciones, que hoy dan pauta a la nueva etapa que ya iniciamos para detonar el crecimiento y desarrollo sostenido del país.
“Saludamos una discusión pública, seria y responsable sobre un incremento a los ingresos de los trabajadores y en particular al salario mínimo, para que en ésta se expresen todos los actores sociales.
“Pero dejamos claro que esta discusión debe realizarse dentro de los marcos legales e institucionales establecidos para tal efecto en la Constitución”, enfatizó.
Es necesario considerar el aumento de la productividad y compartir sus beneficios; formalizar el empleo y desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros elementos no relacionados con el ámbito laboral.
“Sólo así evitaremos caer en errores del pasado que causaron dolorosas lecciones al país, a los empleadores y los trabajadores”. marcó.
Los sectores productivos del país reiteran su voluntad de unir esfuerzos con el gobierno federal, el cual continuará implementando políticas públicas responsabes.
Navarrete Prida reiteró que esta manera se promueve de manera responsable, sólida y continua la formalidad, la productividad y la competitividad en beneficio de las empresas, sus trabajadores y las familias mexicanas.
“Reafirmamos nuestro compromiso para mantener e incrementar las inversiones; impulsar la preservación y crecimiento de las fuentes de empleo; elevar la productividad de las empresas y los trabajadores, así como trabajar con seriedad y profesionalismo para mejorar los niveles de ingreso salarial”, afirmó.
A pesar de que no hubo preguntas en la conferencia de prensa, al ser entrevistados por separado, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Joaquín Gamboa Pascoe, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), coincidieron en que una alza al salario mínimo no procede de manera unilateral ni mediante consultas.
Gutiérrez Candiani señaló que cualquier discusión y acuerdo sobre el tema se hará al seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), donde se escucharán todas las voces.
En tanto, el dirigente de la CTM subrayó que en México quien quiera ganar más deberá ser productivo y competitivo, y los acuerdos para mejorar las percepciones se darán mediante convenios entre empleadores y trabajadores de acuerdo con la realidad de cada empresa.
El pronunciamiento fue firmado por los dirigentes de la CTM, CROC, CROM, UNT, CTC y Congreso del Trabajo, así como por líderes nacionales del CCE, Coparmex, Concanaco, Consejo Mexicano de Negocios, Concamin y Canacintra.
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