México, D.F.-
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) exige al gobierno federal aplicar como previsto la evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), pues considera que no existe una justificación alguna para que la la Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplique este proceso a los maestros.
El instituto señaló que la decisión de la SEP de suspender de manera indefinida el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior, atenta contra la Constitución Política de México.
“Esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios internacionales que ha celebrado el Estado mexicano”, afirmó la junta de gobierno del INEE.
Además, aseguró que “la medida anunciada es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional”.
La junta señaló que el INEE ha revisado y aprobado todos los elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos de ingreso, promoción y permanencia del SPD, por lo que no tiene fundamento la razón esgrimida por la SEP como causa de la suspensión de la evaluación.
Con esta decisión, los alumnos que cursan la educación obligatoria, no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, advirtió.
Estos conocimientos “son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad”, por lo que el INEE destacó que la suspensión indefinida de la evaluación docente anunciada el viernes por la SEP “no sólo vulnera la legalidad de la reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo” para el ciclo escolar 2015-2016.
“Hoy más que nunca tanto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las autoridades educativas, en su carácter de instituciones públicas, así como la sociedad civil y el magisterio nacional, debemos estar a la altura de las exigencias del país para defender la legalidad y cumplir con la obligación de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos”, concluyó el INEE.
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