Un total de 129 elementos policíacos, ministerios públicos y secretarios de acuerdos fueron cesados de sus cargos por tener vínculos delictivos, por incurrir en conductas ilícitas y por faltas administrativas, en cumplimiento a los acuerdos asumidos durante la cumbre nacional sobre seguridad pública el pasado 21 de agosto.
En promedio, los despedidos representan poco más del 2% del total de agentes en todas las corporaciones, que en el estado superan los 6 mil.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Daniel de la Rosa Anaya, explicó que 65 de los agentes removidos pertenecían a la policía de Tijuana, 25 a las corporaciones de los municipios de Tecate, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, cinco a la Policía Estatal Preventiva y uno al cuerpo de custodios penitenciarios.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Rommel Moreno Manjarrez, detalló que entre los despedidos adscritos a esa dependencia se encuentran 17 policías ministeriales y otros 17 servidores públicos, entre quienes hay ministerios públicos y secretarios de acuerdos.
Cesado y remitido al MP
Entre las causas que motivaron el cese de policías ministeriales (persiguen) y agentes del Ministerios Públicos (recibe las consignaciones) hay casos por denuncias de tortura, falsificación de documentos, abuso de confianza, delitos contra la administración de justicia y uno por homicidio calificado, así como irregularidades administrativas.
Además, un elemento de la policía municipal de Tecate fue remitido este mismo miércoles al Ministerio Público por los delitos de portación de armas de fuego (una ametralladora UZI y una escopeta), además de posesión de siete kilogramos de mariguana.
En conferencia de prensa conjunta, ambos funcionarios advirtieron que se dará seguimiento a cada uno de los cesados para detectar si se incorporan a las filas del crimen organizado, además de que serán boletinados al Sistema Nacional de Seguridad Pública para evitar que ingresen a cualquier corporación policíaca.
Segunda purga
Esta lista se suma a otros 281 elementos que fueron despedidos al inicio de las administraciones estatal y municipales, a finales del 2007, y en este caso se tomarán medidas legales para impedir que por mandato de algún juez sean reinstalados, como ya ocurrió con una primera limpia policíaca.
De la Rosa Anaya mencionó que con esta medida se dio otro paso en las tareas de depuración en las corporaciones, acordada durante la cumbre sobre seguridad nacional en la ciudad de México el pasado 21 de agosto, y aseguró que ya se cuenta con personal que sustituirá a quienes fueron dados de baja.
Sostuvo que es parte de las “acciones contundentes para combatir el crimen en Baja California”, y explicó que las remociones se hicieron con base en el resultado de “investigaciones consistentes”.
El secretario de Seguridad coincidió con el procurador de Justicia al advertir que se dará seguimiento a cada uno de los despedidos, para detectar si se suman a las filas del crimen organizado.
El secretario de Seguridad detalló que cada municipio y el estado cuentan con un estudio socioeconómico del personal policiaco para verificar el estatus económico de cada familia, lo que permitirá detectar algún cambio y si no corresponde a sus percepciones actuales. Se les harán visitas periódicas a sus domicilios.
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