México, D.F. / Junio 4.-
El procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que la PGR actuó con apego a la Constitución en el operativo de Michoacán del pasado 26 de mayo, y que éste no violentó ni la soberanía de la entidad ni la distribución de competencias entre la Federación y los estados.
El operativo en cuestión, en el que fueron detenidos 10 alcaldes y 19 servidores públicos por presuntos nexos con grupos del crimen organizado, generó una protesta escrita de Godoy, por la irrupción violenta de policías federales encapuchados en el Palacio de Gobierno y por no haber sido notificado sobre la acciones.
En una carta dirigida al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, el procurador manifestó que, ante indicios de la comisión de delitos federales, el Ministerio Público está obligado a buscar y presentar las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
“El ejercicio de estas facultades se hace en todo el territorio nacional, incluyendo las instalaciones o edificios públicos sujetos a la jurisdicción de las autoridades estatales o municipales, pues en ellos no se excluye la comisión de delitos del orden federal”, informó la PGR.
El procurador exhortó al gobernador a dejar atrás esta controversia para fortalecer la colaboración con el gobierno estatal en la lucha contra la delincuencia organizada, indicó la dependencia.
El procurador le informó al gobernador en la misiva que la PGR iniciará una investigación para determinar la manera en la que se ejecutó la orden de localización y presentación en el caso concreto del Palacio de Gobierno y, de resultar procedente, se deslindarán las responsabilidades correspondientes.
En su escrito, Medina Mora destacó que el Ministerio Público de la Federación “goza de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estime conducentes para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del indiciado”.
Además, dijo, puede requerir la presentación de personas, incluyendo empleados oficiales, sin necesidad de orden judicial ni intervención de las autoridades locales, así como auxiliarse de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.
También precisó que la orden de localización y presentación de personas tiene por objeto asegurar su comparecencia ante el Fiscal de la Federación para rendir declaración frente a los hechos materia de la averiguación previa.
“En este sentido, las órdenes de presentación y localización libradas por el Ministerio Público de la Federación, así como la manera en que fueron ejecutadas, tienen pleno sustento jurídico y validez constitucional”.
El operativo en Michoacán fue concitado por un ánimo genuino de aplicación de la ley en aras de un México más seguro, manifestó el procurador, y exhortó a Godoy a “remontar percepciones alusivas a acciones ajenas a derecho y dejar atrás esta controversia con el fin de fortalecer la colaboración con el gobierno estatal en la lucha contra la delincuencia organizada”.
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