México, D.F. / Junio 7.-
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) investiga si cárteles mexicanos de la drogas están utilizando a equipos mexicanos de futbol, incluso algunos de la Primera División en negocios ilícitos.
Investigaciones de la DEA presumen que los cárteles del Golfo, Sinaloa, Juárez, Tijuana, La Familia, y parte de la organización de los Beltrán Leyva, han utilizado a equipos de futbol, desde amateur hasta profesional de México, en algunas de sus operaciones de lavado de dinero.
La agencia ha identificado que las nuevas generaciones del narcotráfico han visto en el futbol un negocio de largo plazo con diversas aristas, como sobornos, extorsiones, reventa de boletos, compra de jugadores y manejo de apuestas.
Tras los resultados obtenidos en la operación conocida como Proyecto Reckoning, la DEA indaga sobre equipos mexicanos de Primera, Segunda y Tercera División como Venados de Mérida, Indios de Ciudad Juárez. La investigación revisa la posibilidad de que equipos como Cruz Azul, entre otros, pudieran haber sido víctimas de promotores relacionados con lavado de dinero.
Hay indicios de que los cárteles han utilizado a los brokers del futbol en la compra o traspaso de jugadores para lavar dinero, usando paraísos fiscales.
La DEA ha encontrado que los grupos criminales también compran cartas de propiedad de los jugadores como parte del pago de cargamentos de droga.
De igual manera investigan si jugadores, cuerpos técnicos o cualquier otro miembro de los equipos, o árbitros, han sido objeto de extorsiones, amenazas o sobornos. Las indagaciones de la DEA no indican que los equipos de Primera División sean propiedad de los cárteles, o que funcionen con dinero del narco, pues están dirigidas a ubicar las operaciones en las que las mafias puedan haber utilizado a estos equipos para realizar transacciones ilícitas. Sin embargo, en el caso de equipos de Segunda y Tercera División sí hay evidencias de que algunos serían propiedad de miembros de los cárteles de las drogas.
De manera reiterada se buscó conocer una postura de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) sobre estas investigaciones, sin embargo no hubo respuesta.
Operación Mapache
En septiembre pasado la DEA, en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación conjunta, de 15 meses, que en Estados Unidos se denominó Proyecto Reckoning y Operación La Familia, mientras que en México se conoció como Operación Mapache, llevando a la detención de Wenceslao Álvarez Wencho, propietario de los equipos de futbol Mapaches de Nueva Italia (de Segunda División) y Mapaches de Zihuatanejo (de Tercera División). También fueron arrestados sus socios en ambos países.
En ese momento se acusó, no judicialmente, a otro equipo, Venados de Mérida de la Primera División A, cuya directiva negó en un comunicado de prensa que existiera investigación alguna ni de la FMF, ni de la PGR en contra del club o cualquier miembro incluyendo su directiva, especialmente sobre narcotráfico.
Sin embargo, agregó, cualquier autoridad tiene el derecho de investigar y actuar en consecuencia, por lo cual el club sería respetuoso de la ley. Este equipo nuevamente está en la mira de la DEA.
Al estar en curso, y por lo delicado de las investigaciones que se realizan, los voceros de la Agencia en Washington evitaron confirmar o negar la información de las indagaciones que sus agentes realizan actualmente en México, Colombia y Estados Unidos en colaboración con las autoridades de esos países.
Durante los últimos siete años los agentes estadounidenses se habían centrado en las operaciones de tráfico de los cárteles mexicanos, cuando detectaron la intervención de éstos en el futbol mexicano y colombiano, especialmente porque algunos narcotraficantes comenzaron a hacer público su interés y tomarse fotografías con los jugadores al inicio y final de los encuentros, especialmente en 2008 y 2009.
Las investigaciones de los agentes sobre los cárteles mexicanos han encontrado que estas organizaciones incrementaron entre 2004 y 2009 su intervención en equipos mexicanos, e incluso han sido solicitados para “apadrinar” a escuadras de ligas menores a las que compran uniformes, construyen canchas, techan gradas, y pagan a árbitros.
Pero si los equipos a los que contactan los narcotraficantes no aceptan ayuda, ni a sus promotores, ni a jugadores o rechazan la protección contra cárteles rivales, arreglos o la oferta de compra del equipo que les interesa, estas organizaciones, especialmente La Familia y el cártel del Golfo recurren a sus operadores para amenazar a los dueños.
Un caso de esas operaciones fueron los Mapaches de Nueva Italia cuyos representantes pidieron al Ayuntamiento que la Unidad deportiva Rosendo Arnaiz les fuera otorgada en comodato. Una vez recibida la remodelaron por completo y compraron dos lujosos autobuses, uno Mercedes Benz y otro Marco Polo.
Wenceslao Álvarez compró uniformes y artículos deportivos para las ligas de diferentes actividades deportivas en Nueva Italia, por lo que la gente lo consideraba un benefactor, según la información.
Los Mapaches aparecieron con las nuevas categorías de futbol denominadas Liga Premier de Ascenso y Liga de Nuevos Talentos, participando en la primera junto con 42 equipos y tenía dos meses de operar cuando Wencho fue detenido. Ahora están fuera de la liga oficial.
“Una de las razones por las cuales los narcotraficantes aceptan comprar equipos de Tercera y Segunda División es por su marcada afición, pero encontraron en ellos una forma de tener el control de las zonas aumentando así la rivalidad por los territorios”, refiere.
Álvarez fue ubicado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como el líder de una célula de La Familia que presuntamente negociaba la compra de drogas, recibía dinero del narcotráfico proveniente de Estados Unidos y realizaba operaciones de lavado de dinero.
A la célula le decomisaron 7.6 millones de dólares el 16 de septiembre de 2008 en Atlanta, Georgia como parte de la investigación en Proyecto Reckoning.
La detención de Álvarez afectó su área de operaciones de narcotráfico y de futbol que abarcaba parte de Michoacán y el sur del estado de México.
El triángulo fronterizo de Michoacán, estado de México y Guerrero sólo es una muestra del mismo esquema que se repite en diferentes estados del país: bajo el argumento de que cuentan con dinero porque trabajaron en Estados Unidos o algún familiar se los ha enviado, miembros de los cárteles de las drogas compran o crean equipos de futbol locales, indica la información de la DEA.
Los partidos de futbol en la zona, como Luvianos, en el sur de estado de México, se convierten en pasarelas de convoys de hasta ocho camionetas nuevas cuyos dueños, como tradicionalmente ocurre en Tierra Caliente portan armas, sólo que ahora nuevas y personalizadas en acabados de plata u oro, y amenazan a cualquiera que apoye al equipo contrario.
“Como también ocurre en ligas profesionales, los dueños y sus amigos se dejan ver en cada partido. Los nuevos dueños incluyen a sus familiares para operar como prestanombres de otros equipos de la misma zona y el límite llega cuando para ganar cada grupo rival secuestra, tortura o amenaza de muerte a los familiares del narcotraficante”, detalla la agencia.
Sin embargo, es el cártel del Golfo y La Familia los que han presionado a jugadores, árbitros y miembros de la federación para obtener resultados que convengan a los equipos de los que son seguidores, o con los que tienen contactos para la compra de jugadores.
Los cárteles tienen elegidos a sus equipos favoritos ya sea por convicción o por ganancias, no pretenden ganar siempre torneos de futbol, pero sí lograr ascensos, intervenir en las reventas y mantener a los equipos activos para aplicar operaciones de lavado de dinero, menciona la información.
“Los más fanáticos amenazan o presionan a los árbitros para favorecer los resultados finales, pero para evitar investigaciones llegan a rondas cercanas a la final en la Primera División, mientras que logran ganar el derecho a ascender en las Segunda y Tercera División”, refiere.
Desde 2004 la PGR y la Policía Nacional de Colombia habían comenzado a investigar la intervención del narcotráfico en los equipos de futbol mexicano debido a que promotores como Geovani Morantes conocido como Paul Solórzano fueron relacionados con un capo colombiano llamado Jorge Mario Ríos Laverde buscado por la DEA. Solórzano era un promotor deportivo que operaba traspasos de jugadores colombianos a equipos mexicanos como los Gallos de Querétaro, Celaya, Irapuato y Salamanca.
En una de sus transacciones, el jugador Carlos Álvarez, fue arrestado en julio de 2003 cuando al viajar de México a Colombia pretendía sacar un millón de dólares en efectivo. En otro caso, el 3 de noviembre de 2004 Juan Bautista Avalo, ex revisor fiscal del Deportivo Independiente Medellín denunció ante la Fiscalía General de Colombia irregularidades.
Con base en la denuncia Mejía aseguro que Jhon El Choronta Restrepo fue traspasado al Cruz Azul de México por un millón 80 mil dólares, pero el equipo sólo recibió 400 mil dólares. No se pudo contactar al jugador para conocer su versión. Se buscó insistentemente una postura del Club Cruz Azul, pero no respondieron.
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