SCT se niega a pagar por terrenos expropiados en el puerto de Altamira

México, D.F. / Junio 11.-
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, aseguró que “no estamos dispuestos a que se pague dos veces” por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, Tamaulipas. Advirtió que en la defensa de los intereses de la sociedad mexicana “vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico” para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este caso, y otros que hay en los tribunales, se pretenda obtener ganancias “incorrectas”.
No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios que lo tenían hace 28 años, terrenos que —indicó— el Estado mexicano ha destinado a un uso socialmente provechoso, señaló el funcionario durante una entrevista en sus oficinas de la SCT en la ciudad de México.
“No vamos a volver a pagar por ese predio, ni mucho menos vamos a perder el puerto de Altamira”, definió Molinar al precisar que por los terrenos expropiados a los ejidatarios “se les pagó el debido precio y es muy importante que la gente sepa que ese pago no fue una cantidad menor, porque equivaldría hoy en día a cerca de 500 millones de pesos. Fue una cantidad muy importante”.
Molinar Horcasitas habló así al tratar el tema del amparo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas concedió a ejidatarios defendidos por los abogados y miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández Cevallos y Antonio Lozano Gracia, contra el decreto expropiatorio de terrenos donde se edificó el puerto industrial de Altamira y que podría implicar una erogación de mil 500 millones de pesos al erario.
Al respecto, Molinar, también un conspicuo miembro del PAN, comentó que “no vamos a entrar en desacato ni en desobediencia al Poder Judicial, pero —aclaró— el pago de mil 500 millones de pesos no es la única acción. “He instruido al cuerpo jurídico de la secretaría para proteger los intereses del Estado y vamos a tomar todas las acciones de tipo jurídico que protejan los intereses de la sociedad mexicana para que no tenga que hacer esta segunda erogación por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, remarcó.
Al recordar que el caso que recién se abrió en 2007 y el sentido del fallo se dio por deficiencias técnicas, no por la falta de pago. Es decir, añadió, la autoridad en ese entonces omitió la justificación adecuada de la causa por la cual debían expropiarse esos predios, el beneficio social que se producirían en caso de que se expropiaran y por esa razón se concedió el amparo, sentencia en la cual no hay mención alguna respecto a algún pago.
Rechazó que este sea un caso de injusticia contra campesinos o ejidatarios pobres. “Hoy en día hay una gran cantidad de juicios que en los tribunales mexicanos, abusando de deficiencias técnicas y de acciones que se pudieron haber tomado en el pasado, con el objeto de obtener ganancias que yo considero incorrectas”.
Si uno se pone a revisar con buen ojo jurídico y buen ojo también para la oportunidad de obtener una indemnización a cargo del Estado, pues debe haber una gran cantidad de actos que haya realizado el Estado mexicano en el pasado que pudiera tener deficiencias técnicas como éstas, comentó.
Acompañado por el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, el funcionario aceptó que “desde luego, hay quien puede tratar de aprovechar esas deficiencias técnicas para burlar la ley y obtener un beneficio de ello. No lo vamos a tolerar en la Secretaría”.
Se reservó cuáles serán las acciones jurídicas que se adoptaran en este caso, pero destacó que no sólo en este caso sino en cualquier otro en que se observe un abuso de la ley aprovechando deficiencias técnicas para trastocar la sustancia de la misma, se actuará de forma decidida contra ello
El caso de Altamira no se puede ver como un problema de “los indefensos ejidatarios contra la poderosa Secretaría. Por el contario es la SCT defendiendo los intereses de la sociedad en un caso en el cual abogados que encontraron deficiencias técnicas en un decreto expropiatorio, pudieran hacernos querer que paguemos por segunda vez lo que ya se pagó hace 28 años”.
Nosotros vamos a cumplir la sentencia en los términos que se nos señala, que no incluye ningún pago, porque usted imagínese si la Suprema Corte va a querer que el Puerto de Altamira se revierta a otros propietarios y que deje de prestar sus servicios. Eso no está en la sentencia, ni se les van a regresar las tierras, ni se les va a pagar esa cantidad de dinero y el Puerto de Altamira va a seguir creciendo y funcionando para beneficiara a la sociedad mexicana, concluyó.