La propuesta de la perredista Diana Chavira de crear el Instituto Estatal de los Periodistas cuyas funciones garantizarían diversas prestaciones a quienes ejercemos el periodismo no nos queda muy clara.
La propuesta dice que se crearía un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con políticas que aseguren la defensa del ejercicio periodístico.
Aunque loable esa iniciativa, no compartimos la propuesta porque los periodistas, se supone que estamos protegidos por la Constitución para realizar nuestra tarea de informar.
Eso, como muchas otras cosas en este país, no se cumplen en la realidad porque hay ataques, intimidación, y una absoluta falta de garantías ya que México es uno de los países más inseguros del mundo para ejercer el periodismo.
Respecto a contar con prestaciones como jubilaciones, pensiones, servicio médico, entre otras, se supone que el Seguro Social las proporciona, pero los sueldos son tan raquíticos que cuando se llega el momento de la jubilación los periodistas no alcanzan a atender sus necesidades, ni las de sus familias
Efectivamente, los periodistas deberíamos contar con mayor seguridad laboral, pero se requiere que los empresarios, dueños de los medios de comunicación rompan con el vicio de “hago como que te pago”, porque se tiene la creencia que el periodista recibe ingresos de entidades públicas y privadas. Lo que los pone en una posición muy vulnerable y sin garantías.
Por eso usted verá que los periodistas nos multiempleamos, trabajamos para diversos medios para tener una vida digna, las jornadas laborales sabemos cuándo comienzan, pero no cuando terminan.
Es, el oficio periodístico, uno de los que más satisfacciones proporcionan, pero también es de los más mal pagados.
Diana Chavira hizo una propuesta a sabiendas que no prosperará y no se vale que use el periodo electoral para plantearla en el último día de sesiones del Congreso.
FUNCIONARIOS NO POSEEN GUARDERÍAS
Dice Antonio Martínez Torres, secretario General de gobierno que en Tamaulipas no se presenta el caso como sucede en Sonora donde familiares del gobernador y funcionarios estatales son dueños de guarderías infantiles.
El negocio de las estancias infantiles donde el gobierno federal aporta dos mil 300 pesos por cada niño, hijos de madres trabajadoras, ha dejado grandes dividendos a familiares de Eduardo Bours, gobernador de Sonora, así como a la familia de Margarita Zavala de Calderón, por eso en Tamaulipas, antes de que surjan las interrogantes, se prefirió dar a conocer que aquí no hay familiares de Geño y funcionarios estatales que operen esta clase de negocios.
Mientras tanto, Martínez Torres reveló que 11 estancias infantiles suspendieron actividades porque presentaban irregularidades.
La Dirección de Protección Civil revisó 233 guarderías de las 679 que existen en Tamaulipas, de las cuales 11 presentan riesgos para los pequeños, por lo que se procedió a conminar a los responsables a suspender actividades y corregir las fallas que van desde la falta de salidas de emergencia, hasta la ubicación cercana a una gasolinera o a una maderería, en estos casos tendrán que ser reubicadas.
El funcionario estatal optó por no dar a conocer cuáles guarderías están en esta situación, aunque sí sería prudente que las autoridades informen cuando no se cumpla con las disposiciones para que los padres de familia saquen a sus hijos de las estancias que resulten peligrosas.
Informar es una obligación de las autoridades estatales, para que después no andemos con lamentaciones.
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