La Suprema Corte de Justicia de la Nación redujo la “delgada” línea que divide la esfera de lo público y lo privado, al emitir una serie de criterios encaminados a garantizar y proteger la libertad de informar de los periodistas acerca del desempeño de funcionarios y políticos.
Con este dictamen, la Corte establece un precedente que deberá ser tomado en cuenta por los políticos que sienten vulnerada su privacidad cuando los periodistas dan cuenta de hechos que se refieren a su vida personal, pero que tienen repercusión en la pública.
Interesante que el máximo órgano legal de la nación haya amparado al dueño de un periódico de Acámbaro, Michoacán, quien había sido denunciado por el alcalde de intromisión en su vida privada al publicar una entrevista con el chofer de éste, donde expone una serie de irregularidades del funcionario.
Pues bien, la Corte decidió amparar al periodista quien había sido sentenciado a tres años de prisión.
Este antecedente será usado en futuros juicios contra periodistas promovidos por funcionarios públicos y políticos que se sienten vulnerados en su honor, vida privada e intimidad.
La interrogante de dónde empieza la vida privada y dónde termina la pública, es una constante.
Pero la regla es simple: Si eres político y tu vida privada te ocasiona problemas en tu vida pública, pues deja de cometer esos errores, porque de otra manera estarás expuesto a que algún periodista haga notar que tu comportamiento no corresponde a lo que exige tu puesto o tu cargo de elección popular.
Recordamos el caso de Nuevo Laredo, donde Ninfa Deándar, dueña del periódico El Mañana, su hijo y el jefe de información fueron llevados a la cárcel por la alcaldesa Mónica García, a quien se le señalaba que consumía tranquilizantes porque su responsabilidad pública la rebasaba.
Hoy el argumento de la alcaldesa sería echado por tierra fácilmente, dado que la ingestión de medicamentos provoca efectos en el desempeño de las labores públicas.
El dictamen de la Corte sin duda abre el abanico de posibilidades de contar con mejores políticos, o al menos, con servidores públicos que sean caballeros y damas, pública y privadamente.
QUE NO, DICE EUGENIO
En una de las raras ruedas de prensa otorgadas durante su sexenio en la sala de juntas de Palacio de Gobierno, Eugenio desmintió que familiares directos estén haciendo obra pública en Tamaulipas.
Textualmente dijo que “no tiene familiares de cuarto grado haciendo obra pública en el Estado”.
Recién desempacado de Washington donde tuvo una agenda interesante, Geño salió al paso de los señalamientos.
Recomendó checar bien la ley para que no ocurran malinterpretaciones.
RASCÁNDOLE SALE
Buen trabajo del compañero Arturo Rosas, del periódico Expreso, quien se dio a la tarea de buscar el hilo conductor de las guarderías a sus dueños que resultaron, para variar, políticos panistas y priístas.
Acuérdese estimado lector, información es poder, y sí, los políticos tienen acceso a datos privilegiados que les permiten aprovechar oportunidades de negocios que al resto de la ciudadanía le están vedados.
Y nos preguntamos, por qué hasta ahora la delegada de Sedesol federal, Lucía Irene Alzaga Madaria se percató que siete guarderías, de las 277, que esta dependencia apoya económicamente en el estado, se encuentran en sitios peligrosos que ameritan su reubicación.
Punto malo para la panista que desde el sexenio anterior tiene la cartera de Sedesol y que por lo visto no la soltará durante la administración calderonista.
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