México, D.F.-
En casi 50 por ciento de las entidades del país se redujo la tasa de informalidad en el primer trimestre de este año en comparación con igual lapso de 2014, precisó la directora general de aregional, Flavia Rodríguez.
Detalló que en 18 entidades federativas aumentó la tasa de informalidad, Querétaro y Puebla presentaron un incremento superior a dos puntos porcentuales, en tanto que en los 14 estados restantes se redujo la tasa de informalidad.
Así, abundó Rodríguez, en Tamaulipas, Sonora, Tabasco, Guanajuato y Aguascalientes se observó un progreso mayor a un punto porcentual.
En tanto que el avance de Guanajuato y Aguascalientes fue de mas de dos puntos porcentuales, y el primero pasó de contar con informalidad alta a media.
El progreso logrado por los estados donde se redujo la informalidad, fue superado por el deterioro de los otros que no disminuyeron, por lo que pasó de 59.8 a 60 por ciento la Población Económicamente Activa (PEA) que trabajó de manera informal en el primer trimestre de este año, contra igual periodo de 2014.
Lo anterior, señaló la directiva, significa un retroceso de 0.2 puntos porcentuales respecto a la medición de 2014.
En cuanto a los factores que incidieron en la disminución de trabajo informal en dichos estados, precisó que en Guanajuato se registró un progreso en el combate de las causas de informalidad.
A su vez, destacó el progreso en la disponibilidad de establecimientos fijos, así como el acceso a servicios de salud.
En Aguascalientes, con excepción de la proporción de trabajadores dependientes con un nivel de remuneración de acuerdo con la ley, mejoró el combate a las causas que generan informalidad y aumentaron los contratos, así como el acceso a servicios de salud.
Mientras que en Sonora, el avance en el combate a la informalidad se originó debido al acceso a contratos por escrito, en tanto que en Tabasco disminuyó su ocupación unitaria y la proporción de empleados que no recibían al menos un salario mínimo por trabajo.
En Tamaulipas la situación mejoró en más de un punto porcentual como resultado del acceso a prestaciones laborales y contratos por escrito.
En conferencia de prensa para presentar el estudio “Informalidad laboral en México 2015”, Rodríguez indicó que Morelos, Nayarit, Veracruz, Michoacán, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero pertenecen al grupo de informalidad alta, es decir, con 66 por ciento de su PEA ocupada.
En el grupo de informalidad media están Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Estado de México, Campeche, Colima, Tabasco, Sinaloa, Yucatán Zacatecas y Guanajuato, con niveles de informalidad en un rango de entre 55 y 66 por ciento de su PEA ocupada.
Mientras que en el grupo de informalidad baja se ubican Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, Querétaro, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Sur y el Distrito Federal, con una tasa de informalidad por debajo del 55 por ciento de su PEA ocupada.
Destacó que Chihuahua tuvo una incidencia menor a 40 por ciento, así como Baja California, Coahuila y Nuevo León, con niveles menores a los observados en el resto de los estados del grupo de informalidad baja, los cuales, junto con Sonora, fueron los únicos con una tasa menor al 50 por ciento.
Con el análisis de las causas de la informalidad laboral se deben analizar las acciones y políticas adecuadas para promover la formalización.
En ese sentido, Flavia Rodríguez abundó que la agenda para la formalización laboral debe incluir un acercamiento integral en torno a la reducción del déficit de trabajo decente.
Así, expuso, se debe identificar a aquellos que no tienen otra opción más que trabajar de manera informal, como los empleados que no decidieron ser contratados en forma informal, así como a los micronegocios que no pueden absorber el costo de la formalización.
En ese sentido explicó la necesidad de sustraer a dicho segmento de sus actividades de baja productividad y ofrecer oportunidades mediante programas de capacitación y desarrollo de habilidades.
En cuanto a las personas que operan en la informalidad de forma deliberada para evitar impuestos o cargas administrativas, se debe mejorar el ejercicio del marco legal laboral y generar mejores mecanismos de control, agregó Rodríguez.
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